Un estudio que analice las temperaturas que alcanzan las fincas situadas al borde de las coladas del volcán de La Palma puede dar pie a que sus propietarios puedan volver a esas parcelas que se encuentran en las áreas de exclusión. Un decreto que modifica las zonas de exclusión y acceso restringido del entorno del volcán establece que se podrán recuperar las fincas que estén al borde de las coladas, siempre que hayan realizado los estudios de temperatura necesarios.
Así lo contempla el decreto que se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y que modifica las zonas de exclusión del entorno del volcán, ante lo que se excluye de este área a “las fincas ubicadas en el borde de coladas, que previa solicitud de recuperación de las mismas a través de un estudio de temperaturas, obtengan la aprobación del Peinpal (Plan Insular de Emergencias de La Palma)”.
Modificación de las áreas de exclusión
El mapa en comparación con el publicado en octubre de 2022 cambia poco. Se mantiene el área de restricción salvo en el supuesto explicado anteriormente y una pequeña área en la parte norte de la montaña de Todoque, entre otros.
Tal y como indica el decreto las nuevas zonas de exclusión se han establecido a raíz del desarrollo de las carreteras en las zonas por las que han pasado las coladas. El pasado mayo, por ejemplo, se informaba de que Tazacorte y Puerto Naos ya estaban unidos por un tramo de 3,9 kilómetros que conecta las carreteras LP-215 y LP-213. Esta es la conocida como Carretera de La Costa.
Apertura de carreteras
Pero no es la única infraestructura viaria que se ha abierto. Especialmente destacan que se “ha realizado una serie de actuaciones encaminadas a dar accesibilidad y seguridad a los accesos a cada una de las viviendas y fincas agrícolas que se encuentran no solo en los bordes de colada sino a lo largo de la nueva infraestructura viaria que corresponde con la nueva carretera desde el cruce urbano de la Laguna hacia las Norias, así como el restablecimiento de los servicios esenciales”; resalta el decreto.
Así, tal y como resuelve el decreto, la modificación de la zona de exclusión responde a que determinadas áreas “quedan fuera de la Zona de Exclusión, una vez que desde el Servicio de Infraestructuras se ha verificado la seguridad de las actuaciones y apertura de accesos y guardando siempre las máximas garantías, las fincas ubicadas en el borde de coladas, que previa solicitud de recuperación de las mismas a través de un estudio de temperaturas, obtengan la aprobación del Peinpal”.
Los gases y la salud
Pero más allá de las modificaciones y el nuevo panorama que permitirá recuperar las fincas siempre y cuando se realicen los estudios de temperatura oportunos, la situación en las zonas afectadas sigue siendo de imposibilidad de acceso por los gases que todavía se emanan por la actividad volcánica.
Tal y como recoge el decreto del último informe del Pevolca en las 92 estaciones instaladas en hogares de Puerto Naos y La Bombilla “continúan registrando valores anómalamente altos de CO2, tanto en el exterior, como en el interior de algunas viviendas, principalmente plantas bajas, sin que se haya observado ninguna tendencia descendente generalizada”.
Unos datos que todavía impiden la entrada de la población a estas zonas. En el acuerdo del Pevolca reinciden en que “tanto en los núcleos de Puerto Naos y La Bombilla, mientras los niveles de CO2 no estén dentro de los límites de exposición que se consideran habituales para la población general (...), Salud Pública aconseja mantener la zona desalojada, permitiendo el acceso según los protocolos oficiales que se establezcan por el responsable de la gestión de esta emergencia en el nivel actual”.
Reacciones de los vecinos
Una cuestión que ha despertado el malestar de los vecinos de estos núcleos urbanos que han denunciado la “desidia” a la hora de dar respuesta a sus demandas y han anunciado que tomarán medidas cautelares urgentes ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En la población de Los Lajones, sin embargo, siete familias sí que podrán volver a sus hogares, según se anunció en mayo.
Un emplazamiento que sin embargo no ha recibido el aval de Salud Pública para que los vecinos puedan volver. El propio decreto recoge que pocos días después de que se informara de que las siete familias podrán volver a sus hogares, la Dirección General de Salud Pública informó que no realizará ningún estudio ni seguimiento que el director del Painpal había solicitado porque bajo su criterio “las personas no pueden estar expuestas a los niveles de CO2 presentes en estos núcleos de población”