La presencia de menores continúa siendo uno de los factores que incrementan la vulnerabilidad social en Canarias. El 33,8% de las personas menores de 18 años del Archipiélago se encuentra en situación de exclusión social, según los últimos datos de la Fundación FOESSA.
La situación se agrava dependiendo de la composición del hogar. La exclusión alcanza al 38,4% de las personas que viven en hogares con dos o más menores, aumenta hasta el 42,3% entre quienes pertenecen a familias monoparentales y llega al 46,1% entre las personas que viven en hogares formados por cinco o más miembros.
Estos datos han sido expuestos este lunes en el Parlamento de Canarias por el secretario general de Cáritas Diocesana de Tenerife, Ricardo Iglesias, durante la Comisión de Estudio sobre la pobreza infantil.
El último informe territorial de FOESSA refleja además que la exclusión afecta al 22,8% de las personas que residen en hogares con un menor de edad, frente al 42,7% registrado en 2018. Aunque este indicador ha mejorado durante los últimos años, los hogares con varios menores, las familias monoparentales y las familias numerosas siguen presentando tasas especialmente elevadas.
Más de 2.000 menores
Cáritas Diocesana de Tenerife atendió durante 2025 a 12.466 personas, entre ellas 2.250 menores de edad, según los datos trasladados por Iglesias a la Cámara autonómica.
La vivienda aparece como una de las principales preocupaciones detrás de muchas de estas situaciones.
A través del proyecto Base 25, destinado a prevenir que familias vulnerables pierdan su hogar, Cáritas atendió durante el pasado año a 768 hogares y 1.887 personas, entre las que se encontraban 527 menores.
El programa interviene en casos de desahucio por impago del alquiler, ejecuciones hipotecarias y otras situaciones de vivienda insegura, mediante acompañamiento social y jurídico.
Iglesias ha situado precisamente la vivienda como uno de los principales factores de exclusión y ha advertido de las consecuencias que la inestabilidad residencial puede tener sobre niños y adolescentes.
La ausencia de un hogar estable puede traducirse, según Cáritas, en falta de rutinas, inseguridad y dificultades para disponer de espacios adecuados para estudiar o desarrollarse, además de incrementar las tensiones familiares.
Exclusión residencial extrema
La organización también atendió mediante sus unidades móviles a 73 menores en Tenerife y otros 41 en La Palma que se encontraban en situaciones de exclusión residencial extrema.
Cáritas sostiene que la intervención económica por sí sola no basta cuando detrás de la pobreza existen problemas relacionados con la vivienda, la falta de redes familiares o sociales y dificultades administrativas.
Por ello, Iglesias defendió ante el Parlamento la necesidad de combinar las prestaciones con procesos de acompañamiento prolongados.
En el caso de Base 25, trabajadoras sociales y profesionales del ámbito jurídico intervienen con las familias para negociar con propietarios, facilitar trámites administrativos, asesorar ante procedimientos judiciales y, cuando resulta necesario, proporcionar ayuda económica.
Empadronamiento y ayudas
Otro de los obstáculos identificados por Cáritas se encuentra en los propios procedimientos administrativos.
Iglesias reclamó simplificar el acceso a las prestaciones sociales y puso como ejemplo los problemas relacionados con el empadronamiento.
El padrón municipal funciona como puerta de entrada a numerosos derechos y servicios, pero Cáritas advierte de que determinadas personas en situación de vulnerabilidad encuentran dificultades para completar este trámite.
El problema puede agravarse entre familias que cambian continuamente de domicilio por no poder mantener un alquiler estable, ya que cada traslado puede generar nuevas dificultades administrativas, sanitarias, educativas y sociales.
La vivienda empeora
FOESSA constata que algunos indicadores sociales han experimentado una evolución favorable respecto a años anteriores, pero la vivienda continúa actuando como uno de los principales motores de la exclusión.
Canarias presenta una tasa general de exclusión social del 25,5%, la más elevada entre las comunidades autónomas según el último informe territorial, lo que equivale a más de 560.000 personas afectadas.
Entre los perfiles con tasas particularmente altas figuran las personas que viven en hogares con cinco o más miembros, con un 46,1%, y las que forman parte de familias monoparentales, con un 42,3%.
Más vivienda pública
Ante esta situación, Cáritas ha reclamado incrementar el parque público de viviendas en régimen de alquiler y priorizar criterios vinculados a la vulnerabilidad a la hora de facilitar su acceso.
La entidad pide también desarrollar plenamente la Ley de Servicios Sociales, mejorar la coordinación entre las distintas administraciones y simplificar los procedimientos para solicitar prestaciones.
Iglesias ha defendido además una financiación más estable para las organizaciones del tercer sector, al advertir de que los retrasos en subvenciones y convocatorias pueden comprometer la continuidad de proyectos destinados precisamente a las familias más vulnerables.
La comparecencia se ha celebrado este lunes dentro de la Comisión de Estudio sobre la pobreza infantil del Parlamento de Canarias, en la que están participando responsables públicos y organizaciones sociales para analizar las causas y posibles respuestas a la vulnerabilidad de la infancia en las Islas.
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