Un total de 17.253 familias inquilinas de una vivienda social en las islas han quedado exentas del pago del alquiler mensual desde abril y hasta que acabe el estado de alarma, ha informado este la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda regional.
En un comunicado, la Consejería indica que se trata de una disposición que se incluirá en las medidas que el Gobierno de Canarias reunirá en el decreto ley de medidas extraordinarias de carácter social para afronta la crisis del coronavirus que será aprobado la semana próxima.
La medida propuesta por el consejero del área, Sebastián Franquis, se aplicará a las 12.725 viviendas protegidas de promoción pública en régimen de alquiler dependientes de Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), y a las 4.528 viviendas de titularidad de la sociedad pública Visocan que mantienen un convenio con el Icavi.
Las familias que sean inquilinas de estas viviendas protegidas del parque público regional se beneficiarán automáticamente, y sin tener que hacer ninguna gestión, de la suspensión de estos pagos, una medida que se empezó a aplicar desde el pasado miércoles, ya que el Icavi ha paralizado el cobro de las mensualidades a estos más de 17.000 inquilinos.
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— Vivienda Gobcan (@ViviendaCanaria) April 3, 2020
Vivienda exonera el alquiler mensual a las viviendas sociales canarias para afrontar la crisis por el #COVID19.
🏘️17.000 familias NO tendrán que ingresar desde este mes y hasta el final del #estadodealarma.#EsteVirusLoParamosUnidos
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“Con esta medida lo que pretendemos es proteger a las familias socialmente más vulnerables de nuestro archipiélago que se han visto afectadas por las situaciones de cierre de actividad económica a las que obliga la crisis sanitaria y contribuir a aliviar las necesidades de liquidez de miles de hogares", ha asegurado el consejero.
Esta medida se prolongará hasta el final del mes en el que se levante el estado de alarma, con lo que se compensará también las dos semanas de marzo que sí se vieron afectadas por esta crisis sanitaria, indica la nota, que añade que el Icavi estima en cerca de 900.000 euros mensuales el impacto económico que supone la aplicación de esta medida.
La Consejería ha informado de que también se impide durante ese mismo periodo resolver el contrato de arrendamiento, declarar la pérdida de derecho a la adjudicación de la vivienda o sufrir intereses por causa de impago, señala la nota.
Esta derogación del pago está dirigida a asegurar la protección de las personas arrendatarias de una vivienda protegida y sus familias, ya que se consideran uno de los sectores de la población más vulnerables ante las consecuencias económicas colaterales derivadas por la actual crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
La duración de esta medida se podrá ampliar por acuerdo del Gobierno del Canarias en función del impacto y evolución de la crisis económica que se genere como consecuencia del estado de alarma y de las circunstancias que lo han originado, así como de su repercusión en las familias beneficiarias de la medida.