Las familias de alumnado con discapacidad de distintas islas han reclamado a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias que tenga en cuenta sus demandas en la futura Ley de Atención a la Diversidad, actualmente en proceso de elaboración.
La petición parte de familias, asociaciones y federaciones integradas en la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva, que han elaborado una serie de propuestas para garantizar el derecho del alumnado con discapacidad a recibir una educación en igualdad de condiciones.
Propuestas para la futura ley
Según ha informado el colectivo, las propuestas han sido elaboradas con el asesoramiento de una especialista en el derecho a la educación del alumnado con discapacidad y están siendo registradas por las propias familias a través del portal de participación ciudadana.
El objetivo es que la Consejería de Educación incorpore estas aportaciones a una norma que regulará derechos del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Las familias sostienen que desde hace años existen situaciones en las que se vulnera el derecho a la educación en igualdad de condiciones de niños y niñas con discapacidad.
Entre las situaciones que denuncian se encuentra la derivación a aulas enclave o centros de educación especial contra la voluntad de las familias, así como la falta de los apoyos necesarios para que el alumnado pueda desarrollar su actividad educativa en condiciones de igualdad.
También señalan casos de exclusión de actividades escolares, reducciones de jornada o respuestas que limitan la participación del alumnado con discapacidad en la vida de los centros educativos.
Más recursos y participación familiar
Ante estas situaciones, familias, asociaciones y federaciones reclaman que la futura legislación garantice una educación inclusiva y asegure los recursos y apoyos necesarios para el alumnado con discapacidad.
El colectivo también considera necesario que las familias tengan una participación efectiva en las decisiones que afectan a sus hijos e hijas y que sus aportaciones sean tenidas en cuenta en el desarrollo de las políticas educativas.
La Plataforma Canaria de Educación Inclusiva sostiene que la futura ley debe servir para proteger los derechos del alumnado con discapacidad y evitar que la discapacidad se convierta en un motivo de segregación o discriminación dentro del sistema educativo.
La reclamación se produce mientras avanza la tramitación de la futura Ley de Atención a la Diversidad, a la que las familias quieren incorporar sus propuestas para reforzar la inclusión educativa en Canarias.
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