Las 289 familias de Lomo Los Frailes que pelean desde hace años por acceder a la propiedad de sus viviendas no se rinden. El origen del conflicto parte de un decreto del año 1999 que les garantizaba tener a su nombre las casas de promoción pública que les habían adjudicado. Una promesa que nunca se hizo efectiva y la indignación no desaparece del barrio capitalino.
Pero todo apunta a que no están solos: el próximo 4 de septiembre tienen planeado concentrarse frente al edificio de usos múltiples de Las Palmas de Gran Canaria para exigir a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias que los reciba para transmitirle sus demandas. Un movimiento al que se han unido urbanizaciones de otros puntos de la ciudad.
Apoyo vecinal
Allí habrá vecinos de zonas como Ciudad del Campo, Risco Negro o Jinámar. Entre todos suman más de 500 familias que exigen el cumplimiento de un decreto sobre el que tenían puestas todas sus esperanzas. Pero en el año 2023, el anterior Gobierno de Canarias lo derogó. Una decisión que cayó como un jarro de agua fría sobre quienes eran beneficiarios.
Ayoze Santana, presidente de la Plataforma 289 Vivienda por Derecho, asegura que se han dirigido a varias instituciones y representantes públicos. Entre ellos se encuentra Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas. Asegura que son conscientes de que todo ocurrió en una legislatura donde él no estuvo presente, pero cree conveniente recibir alguna explicación.
Sin respuesta
Subraya que la falta de respuesta por parte de la administración es lo que los ha llevado a concentrarse el próximo mes de septiembre. “También hemos presentado escritos al Diputado del Común, a Pino de León, directora del ICAVI, e incluso lo remitimos a la Casa Real”, señala el representante de los afectados en una entrevista concedida a Atlántico Hoy.
Sus críticas, además de ir dirigidas hacia Pablo Rodríguez por —dice— no querer recibirlos, también apuntan al Partido Popular (PP) porque es socio de gobierno de Coalición Canaria (CC) en la comunidad autónoma. “Les hemos explicado la problemática y miran hacia otro lado”, exclama el presidente de la Plataforma 289 Vivienda por Derecho.
Malestar vecinal
Lo que más les molesta es que nadie los haya recibido. “Lo mínimo sería recibirnos y decirnos: ‘Esto no es competencia nuestra’ o explicarnos cuál es la situación, lo que no puedes hacer es dar la callada por respuesta”, reflexiona Santana.
Llegados a este punto, merece la pena dar algo de contexto: todo empezó como una ayuda al alquiler en 1995. Así fue hasta que salió el decreto ley 114/1999, un texto que permitía adquirir la vivienda. Mientras tanto, la casa sería propiedad del Gobierno.
Cambio legal
A partir de ese momento, el adjudicatario de la casa pagaba la mitad y la administración pública el resto a través de una subvención. El valor total era de 5.881.590 pesetas —o. lo que es lo mismo, 35.349,07 euros—. La siguiente novedad llega en el 2014.
Aquel año muchos vecinos fueron notificados por el Gobierno de Canarias avisándolos de que habían llegado al tope y ahora tendrían que recibir las escrituras de la propiedad. “Aproximadamente, entre un 40% y un 45% de las familias ya han alcanzado el pago del 50% del precio de la vivienda y siguen esperando las escrituras”, narra Santana.
Norma derogada
Con el paso del tiempo surgió lo que para ellos ha sido un inconveniente: el Gobierno de Canarias derogó en 2023 el decreto ley 114/1999 para pasar a ser el 1/2023 de 19 de enero. Una nueva norma que los dejó en un limbo y no parece que les garantice acceder a la propiedad de las viviendas.
También resalta que, pese a no ser propietarios —como en un primer momento les prometieron— han asumido durante años el mantenimiento de las viviendas. “Somos gente de buena fe. Hemos cumplido con la parte que firmamos en su momento y, además, después de más de treinta años, muchas de estas viviendas presentan un importante deterioro”, cuenta.
Situación límite
“Las estamos arreglando nosotros mismos cuando, como inquilinos, no tenemos la obligación de asumir ese tipo de reparaciones porque las viviendas no son de nuestra propiedad”, continúa. Lamenta que la situación se encuentra “en un punto de no retorno” y está “completamente estancada”.
“Este problema está generando problemas de salud e incertidumbre entre las familias”, concluye.
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