La Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha hecho público este jueves una serie de informes elaborados por tres comisiones que han analizado las vulneraciones de derechos humanos tras la aprobación de la Constitución y hasta 1983, la represión al pueblo gitano y la cuantificación las indemnizaciones económicas entregadas en España hasta la fecha a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.
Este último informe, el de las indemnizaciones, deja un sabor agridulce porque, pese a cuantificar más de 22 millones de euros, reconoce que hasta nueve comunidades autónomas no han entregado los datos más relevantes, sino otros reconocimientos paralelos a los procesos de reparación principales.
El caso canario
Es el caso de Canarias. Según el Informe Final de la Comisión Técnica para el estudio de medidas de reparación de carácter económico, el archipiélago sancionó en 2002 la Ley 9/2002, de 21 de octubre, de indemnizaciones a las personas excluidas de los beneficios para víctimas del franquismo incluídos en los Presupuestos Generales del Estado para los ejercicios de 1990 y 1992.
La ley establecía indemnizaciones para quienes habían sido encarcelados por causas políticas que a la postre serían objeto de la amnistía de la Ley 46/1977, pero quedaron excluidos de dichos beneficios reconocidos en los Presupuestos citados.
Pese a que la ley existe, Canarias no ha podido acreditar a cuánta gente indemnizó al amparo de aquella norma. "Se desconoce el alcance cuantitativo por no haber sido facilitado por la Comunidad Autónoma", dice el informe.
Nueve Comunidades no aportan datos
Esta misma frase aparece 13 veces en el informe porque otras ocho Comunidades Autónomas no conservan los datos de las personas que indemnizaron por la persecución franquista, tanto por no haber sido incluídos en las indemnizaciones de los PGE de 1990 y 1992 como por otras consideraciones. Se trata de Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana, además de Canarias.
En consecuencia, el informe de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha tenido que hacer un sumatorio de otros retales de indemnizaciones dispersas que fueron concediendo las Comunidades Autónomas por otros motivos que no fueran haber quedado excluidos del reconocimiento de presos políticos.
La indemnización LGTBI
En el caso de Canarias, sólo se han podido acreditar 61 compensaciones económicas a personas LGTBI perseguidas durante el franquismo por un importe que asciende a casi 325.000 euros. Estas compensaciones se entregaron a raíz de una resolución de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del 12 de agosto de 2020, para la que se recibieron un total de 74 solicitudes, de las cuales 10 fueron denegadas, tres desistidas y 61 concedidas.
Como dato relevante, el informe de Memoria Democrática refiere que tuvo conocimiento de la existencia de esta línea de indemnizaciones de 2020 a través del Ministerio de Igualdad, y no del Gobierno de Canarias.