La firma del protocolo para reconocer y reparar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica ya es un hecho y supone dar cumplimiento al acuerdo marco de reparación a las víctimas de pederastia.
Con voz serena, pero firme, Ciro Molina recibe la noticia como una puerta que por fin empieza a abrirse. “La firma del protocolo es el principio del fin”, afirma en declaraciones a Atlántico Hoy, consciente de que este paso llega tarde, pero supone “una deuda histórica que la sociedad tenía con nosotros”.
Firma del protocolo
Para él y para tantas otras personas que cargan con las heridas del abuso y del silencio, la firma es algo más que un documento administrativo. “Esto se tenía que haber hecho hace años, porque no se trata sólo del acuerdo en sí, sino del convenio que lo hace posible, que lo desarrolla en la práctica”, matiza.
El protocolo, que habilita la apertura de una oficina de atención dependiente del Defensor del Pueblo, permitirá tramitar los expedientes a partir del 15 de abril. Será allí donde las víctimas puedan ser reconocidas oficialmente, recibir asistencia psicológica y, según se prevé, una compensación económica que ayude a reparar, al menos en parte, los daños sufridos.
Reconocimiento y apoyo
“Lo importante -insiste Molina- es que este mecanismo se ponga en marcha de verdad, que se dote de presupuesto y que no se quede en papel mojado. “Ya hemos visto antes buenas palabras y pocas medidas reales”, apunta.
En su caso, Ciro Molina, víctima de los abusos que un sacerdote ejercía sobre él cuando apenas era un niño, explica que su petición no se centra en obtener dinero, sino en lograr reconocimiento y apoyo para rehacer su vida.
“Que se nos reconozca como víctimas”
“Queremos que se nos reconozca como víctimas, con un certificado, que se brinde ayuda a quienes están en precariedad laboral o social, porque esta situación nos vulnera profundamente”, asegura.
Molina lleva toda su vida luchando contra el silencio que ha intentado acallar el dolor por heridas que aún siguen abiertas, visibilizando una realidad de la que nada se hablaba a pesar del sufrimiento de numerosos niños y niñas y de sus familias. “No quiero que esto vuelva a pasar con ningún menor”, reitera y reconoce que no ha sido fácil luchar contra lo que ha llamado el “terrorismo social”.
Sufrimiento
Nuestro entrevistado recuerda las llamadas en plena madrugada para acallar la denuncia, el sufrimiento de sus madre, el miedo, la incomprensión social y un proceso terapéutico que ha debido costear por su cuenta, apenas sin recursos. “Setenta euros cada vez que voy, y lo hago porque lo necesito”, comenta.
Molina comenta que su niñez y juventud fueron truncadas por los abusos de aquel cura y la incomprensión del resto. Apenas tenía ganas para estudiar, ante las críticas y señalamientos cuando su caso salió a la luz tuvo que cambiar de instituto, sin culminar sus estudios con el éxito deseado.
Compromiso
Hoy mantiene un propósito claro y gira en torno a finalizar su carrera universitaria, algo que considera parte de su reparación personal. “La Iglesia me lo debe, y no por venganza, sino por justicia”.
Durante la conversación mantenida y respecto a las compensaciones económicas a las que apunta el acuerdo para la reparación, Molina expresa una mezcla de esperanza y cansancio, "pero son vitales para mis estudios. En esto voy a invertir lo que me corresponde".
Años de resistencia
Además, lamenta la resistencia que durante años mostraron determinados sectores eclesiales ante el proceso: “Nos han boicoteado una y otra vez, pese a que queríamos colaborar, aportar nuestra experiencia para mejorar las cosas”.
Sin embargo, también valora el cambio de rumbo promovido por el Vaticano y la presión social que ha obligado a la institución a actuar. “Lo importante ahora es que ninguna víctima vuelva a sentirse sola. Ya era hora de que esto ocurriera. Ahora sólo falta cumplir lo que han firmado”, concluye.
Firma institucional
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, tras la firma ha presentado el protocolo que permitirá poner en marcha el sistema de reparación a las víctimas de abusos sexuales cometidos en el ámbito de la Iglesia católica.
El documento, rubricado por el Defensor del Pueblo, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Gobierno y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), “busca reconocer y promover la dignidad y la memoria de las víctimas, y asegurar la justicia y la reparación efectiva”, según destacó Gabilondo.
Medidas
El protocolo concreta el funcionamiento del nuevo sistema, que se pondrá en marcha el 15 de abril y tendrá un periodo inicial de un año, prorrogable. Este mecanismo se aplicará en los casos en los que ya no sea posible acudir a la vía judicial, y combinará medidas simbólicas, restaurativas, espirituales y económicas.
Bajo la coordinación del Defensor del Pueblo, se crearán dos estructuras principales: una Unidad de Tramitación, dependiente del Ministerio de Presidencia, que recibirá y gestionará las solicitudes, y una Unidad de Víctimas, formada por expertos independientes, que evaluará cada caso y propondrá la reparación correspondiente.
Las compensaciones económicas se calcularán teniendo en cuenta la gravedad de los abusos, el daño causado y las ayudas previas que la víctima haya podido recibir. Gabilondo subrayó que el proceso “no es un trámite burocrático, sino un procedimiento humano, flexible y personalizado”, cuyo objetivo es “recuperar a la persona y reparar los daños”.