Como cada año, el informe de la Fiscalía vuelve a dejar evidencia de la falta de recursos que afecta al sector judicial de las Islas. Especialmente en materia de personal especializado, de los servicios de atención a los menores y a las víctimas de violencia de género y fundamentalmente en cuanto a las infraestructuras que hay en las islas.
La fiscal Superior de Canarias María Farnés Martínez ha llamado la atención este lunes al respecto de varios problemas que afectan a las islas: el no funcionamiento de las oficinas de atención a las víctimas de violencias de género, la tardanza y falta de calidad en los informes psicosociales a los menores, la falta de centros permanentes para la atención de las personas migrantes en situación irregular, y en las graves carencias que sufren las instalaciones en Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria.
Una atención deficitaria
Según ha denunciado Farnés, en Las Palmas de Gran Canaria ya no está operativa la unidad dentro del Instituto de Medicina Legal, formada por un psicólogo, un trabajador social y un médico forense, que se encargaban de hacer los informes relativos a los procedimientos legales relacionados con la violencia de género en la provincia. Por su parte, en Tenerife ha señalado que los operadores jurídicos se basan en las valoraciones de riesgos de los órganos policiales y del Instinto de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife. Esto implica que en ninguna de las dos provincias están en funcionamiento las unidades de valoración forense integral.
Dentro de las carencias de los servicios a las personas que han sufrido violencia de género, ha apuntado que en marzo de 2021 las oficinas de atención a las víctimas de violencia de género comenzaron a funcionar de forma telemática, prestando un servicio online de acompañamiento y asistencia psicológica y jurídica especializada a las víctimas del delito, especialmente a las víctimas de violencia de género. Sin embargo, según ha denunciado Farnés actualmente no están en funcionamiento, “ni virtual, ni presencialmente; directamente no funcionan”, ha denunciado.
Carencia en la atención psicosocial
Farnés ha llamado la atención especialmente al respecto de la tardanza y la "falta de calidad" en los informes psicosociales a los menores, en aquellos procedimientos de mediación familiar. Así ha criticado que “año tras año se está repitiendo exactamente igual y en principio no se están aportando soluciones”. Según ha explicado, estos informes son cruciales a la hora de establecer el régimen de visitas en los casos en los que uno de los progenitores está sumergido en un procedimiento penal relacionado con un ataque a su pareja, por lo que estos procedimientos quedan “en un limbo”.
Ante esta situación ha reclamado “tomarse en serio la importancia que tiene la existencia de psicólogos y de asistentes sociales en las clínica médico forenses” para que puedan llevar a cabo estos informes, y reclama establecer acuerdos con los Colegios Profesionales para que puedan llevar a cabo los informes psicosociales, los cuales son obligatorios por ley.
En la lista de carencias que afectan a los servicios jurídicos de Canarias, insisten en la falta de medios para la atención efectiva a las personas que sufren del espectro autista, tanto en el sentido de haber cometido un delito como de haberlo sufrido.
Sin infraestructuras
A los reclamos de la carencia de la atención jurídica a menores y víctimas de violencia de género, la fiscal superior de Canarias ha insistido, como hace cada año, en la falta de infraestructuras que sufre la justicia en las Islas. Según ha denunciado, la Fiscalía General está en la labor de aumentar las plantillas, sin embargo, no pueden solicitar el aumento del personal porque “no tenemos un espacio físico donde poder ubicarlos”.
Durante su comparecencia en el Parlamento de Canarias ha denunciado que Santa Cruz de Tenerife todavía carece del Palacio de Justicia, que en Puerto del Rosario varios fiscales trabajan en un garaje en “unas instalaciones donde no tienen luz natural, no hay aire acondicionado, no hay ventilación, hay humedades extremas y donde hay un desborde de aguas fecales”, ha denunciado. Además, ha señaado que los dos últimos fiscales que han llegado a San Bartolomé de Tirajana tienen que trabajar en Las Palmas de Gran Canaria por falta de espacio, ha señalado la fiscal superior durante la presentación de la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2022.
La desesperación de la fiscal superior de Canarias ha sido evidente al insistir en que estos reclamos ya se han realizado en la presentación de los últimos informes, sin embargo, no se han tomado las medidas correspondientes para su subsanación.
Respecto a la situación migratoria, y si bien el informe hace referencia a los datos de 2022, Farnés ha aprovechado la situación migratoria para reclamar unas infraestructuras consolidadas que sirvan para dar una atención humanitaria a las personas que llegan en situación irregular, y evitar de esta forma que se tenga que improvisar al respecto de los servicios alojativos.