La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife solicita 13 años de prisión para un cuidador de un centro de personas con discapacidad al que acusa de cometer dos agresiones sexuales contra una interna. El Ministerio Público reclama además una indemnización de 20.000 euros para la víctima.
El juicio está previsto para el próximo 15 de octubre en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, después de que la vista fuera suspendida el pasado 1 de julio.
Una víctima vulnerable
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la mujer era usuaria del centro en régimen de alojamiento y manutención y tiene reconocida una discapacidad del 65%. Además, ha sido diagnosticada de epilepsia y trastorno de la conducta y presenta una madurez muy inferior a la correspondiente a su edad cronológica.
La perjudicada también presenta una capacidad intelectual baja o media-baja, dificultades para controlar conductas que requieren inhibición y una actitud infantilizada. Estas circunstancias, según la Fiscalía, la hacen "especialmente vulnerable a situaciones de abuso o agresión" y determinan su falta de capacidad para prestar consentimiento en relaciones sexuales.
El acusado, siempre según el Ministerio Público, conocía estas circunstancias debido al trato diario con la interna y se habría aprovechado de su situación de vulnerabilidad.
Dos agresiones en la residencia
La Fiscalía sostiene que en una primera ocasión el procesado llevó a la mujer hasta un baño del centro, cerró la puerta, le bajó los pantalones y la agredió sexualmente mientras le tapaba la boca.
En un segundo episodio, el acusado supuestamente abordó a la mujer por la espalda cuando se encontraba fumando un cigarrillo apoyada en el muro de la parte superior de la azotea de la residencia.
Según la acusación, volvió a quitarle la ropa y mantuvo relaciones sexuales con ella mientras la sujetaba con fuerza con un brazo y le tapaba la boca con el otro.
Como consecuencia de los hechos, la mujer habría desarrollado sintomatología ansiosa y baja autoestima.
El juicio se celebrará el 15 de octubre en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. La Fiscalía solicita para el acusado una pena de 13 años de prisión y el pago de 20.000 euros de indemnización a la perjudicada.
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