El tiempo ha pasado y el lío con la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado continúa. Muface ha sido el responsable de dar asistencia sanitaria a lo largo de los últimos 50 años, pero desde hace cuatro meses, se habla de que puede desaparecer porque Sanidad propuso acabar con él después de que las aseguradoras privadas dejaran desierto el último concurso para renovar el servicio.
La incertidumbre se apoderó de los trabajadores públicos adscritos al sistema que están acogidos a una póliza en Adeslas, Asisa o DKV Seguros. La clave está en que si están dados de alta en alguno de los tres no tienen la posibilidad de ser atendidos en la Seguridad Social —al revés ocurre lo mismo—. Aunque a nivel nacional parece que muchos han decidido cambiarse, en Canarias ha reinado la indiferencia.
Cifras
Solo el 4,29% de los mutualistas en el Archipiélago se fueron el pasado mes de enero a la sanidad pública según las cifras aportadas por la Consejería de Sanidad del Gobierno regional en una respuesta parlamentaria. El documento, dirigido a la diputada autonómica de Vox Paula Jover, permite comprobar que la cantidad de adscritos a Muface ha pasado de 62.294 en 2023 a 62.233 en la actualidad. Eso sí, en la privada hay unos 40.000.
La última noticia que ha trascendido es que la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado ha dado el visto bueno para que tanto Asisa como Adeslas puedan ser adjudicatarias del concierto. Tras comprobar que cumplen los requisitos, como publicó la agencia EFE, se les ha dado una semana para reunir la documentación necesaria para que después los responsables puedan tomar una decisión.
¿Reina la calma?
El asunto no afecta a los funcionarios adscritos a Muface porque seguirán beneficiándose de la asistencia sanitaria que han recibido hasta el momento. Se trabaja en un acuerdo que tenga una duración de dos años y un valor que asciende a los 4.808,5 millones de euros. Parece que empieza a reinar la calma, pero una propuesta la ha hecho saltar por los aires en las últimas horas.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha planteado que los nuevos trabajadores públicos entren de forma directa en la Seguridad Social y no a Muface como se ha hecho desde el año 1975. La situación ha mantenido la inquietud por la posibilidad de que el sistema desaparezca como se ha llegado a pensar a lo largo de los últimos cuatro meses. No se termina de ver la luz al final del túnel.
Sin incidencias importantes
En medio de todo el meollo hay 62.233 funcionarios canarios de los que 2.672 —1.429 en la provincia de Las Palmas y 1.243 en Santa Cruz de Tenerife— se pasaron a la sanidad pública en enero. El cambio implica que la asistencia sea asumida por el Servicio Canario de la Salud (SCS), pero la consejería dirigida por Esther Monzón lanza un mensaje de tranquilidad y apunta que el incremento excesivo.
El Ejecutivo regional no prevé que cause incidencias importantes en la prestación de servicios porque “no supone más del 0,13% del total de población protegida en Canarias”. Uno de los miedos que había aflorado es que si el sistema público debía asumir a más pacientes aumentaría las comunidades las tan temidas listas de espera para consultas o cirugías.
Por provincias
Según el texto, en la provincia de Las Palmas había en enero 34.744 mutualistas de los que 12.589 tienen cobertura pública y por tanto reciben la asistencia sanitaria del Servicio Canario de la Salud. Esto supone un porcentaje total del 36.23% (en 2024 era del 30,06%). La variación con respecto a 2024 es de 6,18%.
Ahora bien, en las islas occidentales no se han proporcionado datos actualizados a enero de 2025 del total de afiliados y el desglose por entidades. “No obstante, con los datos de cambio de entidad sanitaria proporcionados y comparándolos con los de la provincia oriental, se estima que a nivel porcentual la variación será semejante”, sentencia el texto.