El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó este lunes la resolución por la que la Dirección General de la Función Pública nombra personal funcionario de carrera a las 34 personas que superaron las pruebas selectivas para ingresar en el Cuerpo Superior de Administración, Escala de Administración General (Grupo A, Subgrupo A1), y les adjudica puesto de trabajo. La resolución, fechada el 4 de agosto, cierra un proceso que arrancó con la convocatoria de examen en diciembre de 2023.
Según Moisés Morán Vega, representante de Intersindical Canaria en las mesas sectoriales de Administración General, en declaraciones a Atlántico Hoy, este nombramiento resuelve solo uno de los nueve procesos selectivos de aquella misma convocatoria que llevaban meses con la oposición terminada y sin que se hubiera nombrado a sus aprobados.
Tres años para salir a examen
El origen de este proceso se remonta más atrás de lo que parece. Las 34 plazas cubiertas ahora venían de una oferta de empleo público aprobada en 2020, pero el Gobierno no convocó los exámenes hasta tres años después, en diciembre de 2023, junto con otra decena larga de procesos similares para distintos cuerpos técnicos de la Administración canaria.
En total, entre aquella oferta de 2020 y el nombramiento de esta semana han pasado casi seis años, y casi tres solo desde que se convocaron los exámenes. El pasado 30 de junio, mes y medio antes del nombramiento, ya se había publicado la lista de los 34 seleccionados con sus puestos ofertados, el último paso antes de la toma de posesión.
1.000 días de "limbo legal"
A mediados de julio, apenas dos semanas antes de que se resolviera este proceso, el sindicato Intersindical Canaria denunció públicamente la situación en una nota de prensa titulada, literalmente, "cientos de opositores en un limbo legal". En ella cifraban en más de 1.000 días el tiempo transcurrido desde la convocatoria de diciembre de 2023 sin que se hubiera nombrado a los más de treinta aspirantes que ya habían superado todas las pruebas selectivas de Administración General.
"Que salga uno nos parece bien", resume ahora Moisés Morán Vega, representante del sindicato en las mesas sectoriales de Administración General, "pero lo que nos demandan los compañeros que están en ese proceso es que se agilicen, porque solo falta nombrarlos".
Según explica Morán, la denuncia de julio no hablaba de un caso aislado, sino de nueve procesos selectivos distintos de aquella misma convocatoria de 2023 que, a esa fecha, tenían ya toda la fase de oposición superada sin que se hubiera publicado el nombramiento.
Uno de esos nueve procesos corresponde, precisamente, a la Especialidad de Trabajo Social, donde nueve aspirantes llevan desde noviembre de 2025 sabiendo que serán nombrados sin que, a día de hoy, se haya resuelto.
"Eso no va a ocurrir"
El sindicato trasladó directamente su preocupación por este retraso al director general de la Función Pública en una mesa sectorial, según cuenta Morán : "Le insistimos en que podía haber algún tipo de problema, porque hay un plazo legal, y que si ese plazo se pasa, puede haber algún tipo de nulidad".
Según recuerda, la respuesta fue tranquilizadora: "Él nos dijo que, en principio, eso no iba a ocurrir". Es el mismo argumento —la sentencia del Tribunal Supremo que fija en tres años el plazo máximo entre la publicación de una Oferta de Empleo Público y la resolución del proceso selectivo correspondiente— que recogía por escrito la nota de prensa del sindicato.
Preguntado por las causas del atasco, Morán Vega no habla de falta de voluntad: "No creo que sea falta de interés, sino que la Función Pública tiene muchos melones abiertos: el personal laboral, el concurso de méritos, la carrera profesional que tenemos ahora, el tema de la productividad, y uno de ellos es este".
Como ejemplo de que agilizar es posible, cita otro proceso muy distinto —la estabilización sanitaria del Servicio Canario de la Salud, resuelta con más de un año de retraso sobre su plazo— y reconoce el esfuerzo final de la Administración: "Hay mucha gente que está estabilizada gracias a la presión de los sindicatos y al trabajo de los sindicatos, y también al trabajo de la administración, que hay que reconocérselo. De verdad que pegaron un curro bastante grande".
Un patrón que se repite
Esta denuncia sobre los procesos de la Administración General no es un caso aislado. La misma doctrina del Supremo se ha invocado ahora en las oposiciones a la Policía Canaria, donde un grupo de opositores pidió la nulidad del proceso por el mismo motivo: superar el plazo de tres años. El Gobierno respondió negando la caducidad, aunque admitió un "leve retraso" causado por una avalancha de recursos.
Estos dos casos ejemplifican una situación de la misma tensión: la Función Pública arrastra retrasos generalizados justo cuando el Supremo ha endurecido el plazo para resolver estos procesos. Esta semana se ha resuelto uno; según Intersindical Canaria, otros ocho de la misma convocatoria de 2023 siguen exactamente igual, cada vez más cerca de ese límite.
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