La Audiencia de Cuentas de Canarias considera que podría existir una responsabilidad contable de carácter administrativo en el Gobierno de Canarias tras la devolución de más de 46 millones de euros a compañías eléctricas por unas sanciones que fueron anuladas por los tribunales debido a errores en su tramitación.
La posible responsabilidad aparece recogida en el informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma, presentado este lunes en comisión parlamentaria por el presidente de la Audiencia de Cuentas, Pedro Pacheco.
Multas anuladas
El origen del problema se encuentra en las sanciones impuestas a Red Eléctrica y Endesa por los apagones totales registrados en La Palma y Tenerife. Finalmente, la Comunidad Autónoma tuvo que devolver 46,3 millones de euros, de los que 42,8 millones correspondían a las multas y 3,4 millones a intereses de demora.
Según detalla el informe, la Administración autonómica notificó los expedientes sancionadores fuera de plazo. A pesar de ello, continuó con la tramitación de los procedimientos, que posteriormente fueron anulados por la Justicia.
Error administrativo
Una vez anuladas las sanciones, el Ejecutivo autonómico tampoco pudo reiniciar los procedimientos porque los hechos ya habían prescrito. Esta situación impidió recuperar las multas impuestas a las compañías eléctricas.
Pese al importante impacto económico para las arcas públicas, Pedro Pacheco interpretó durante su comparecencia parlamentaria que las posibles responsabilidades derivadas de este caso tendrían carácter exclusivamente administrativo.
Ayudas pendientes
La Audiencia de Cuentas también advierte de la necesidad de acelerar la recuperación de subvenciones concedidas que no han sido justificadas por sus beneficiarios para evitar que prescriban.
De acuerdo con la información facilitada por el propio Gobierno canario, existen resoluciones de reintegro por valor de 14,8 millones de euros, mientras que otros 110 millones se encuentran en riesgo de no recuperarse. La mayor parte de esa cantidad corresponde a ayudas directas concedidas a autónomos y empresas durante la pandemia de la covid.
Caso mascarillas
En materia de responsabilidad contable, el informe recuerda además que el expediente relacionado con los cuatro millones de euros perdidos en la fallida compra de mascarillas durante la pandemia quedó archivado de forma definitiva.
La decisión se produjo después de que ninguna de las partes solicitara la continuación del procedimiento durante un periodo de dos años.
Fondos europeos
El informe de fiscalización pone igualmente el foco en la ejecución de las inversiones y de los fondos europeos por parte de la Comunidad Autónoma. Pedro Pacheco señaló que el aumento de recursos exige reforzar los medios de gestión para poder ejecutarlos correctamente.
Los proyectos financiados con fondos Next Generation alcanzaron una ejecución global del 22,24 % en 2024, una cifra inferior al 37,73 % registrado el año anterior.
Menos inversión
En el capítulo destinado a inversiones, el grado de ejecución presupuestaria se situó en el 52,35 % de los fondos disponibles, por debajo del 58,53 % contabilizado en 2023.
La Audiencia de Cuentas también refleja que el Ejecutivo autonómico incumplió la regla de gasto, ya que el gasto computable aumentó un 7,6 %, muy por encima del límite fijado en el 2,6 %.
Medidas obligatorias
Este incumplimiento obliga a la Comunidad Autónoma a elaborar un plan económico-financiero y someterse a medidas correctivas automáticas previstas en la normativa.
El informe recoge asimismo que Canarias cerró 2024 con un superávit presupuestario de 144 millones de euros, equivalente al 0,25 % del PIB regional, mientras que la deuda pública alcanzó los 5.069 millones de euros.
Debate político
Durante la comisión parlamentaria, los distintos grupos realizaron valoraciones contrapuestas sobre los resultados del informe. Desde el PSOE, Manuel Hernández Cerezo criticó la capacidad de gestión, planificación y supervisión del Ejecutivo autonómico, señalando la baja ejecución de inversiones y fondos europeos.
Por su parte, Coalición Canaria destacó la mejora de la liquidez y la sostenibilidad financiera de la Comunidad Autónoma, aunque reconoció la necesidad de avanzar en control, planificación y ejecución.
Visiones opuestas
El diputado del PP, Fernando Enseñat, defendió que el gasto ejecutado alcanzó los 7.520 millones de euros, lo que supone 995 millones más que en 2022, último ejercicio completo de la anterior legislatura.
En cambio, Nueva Canarias calificó de "muy deficiente" la gestión del Gobierno autonómico y subrayó que el incumplimiento de la regla de gasto asciende a 445 millones de euros, una cantidad que deberá compensarse mediante futuros ajustes presupuestarios.