La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha reforzado el personal destinado a la gestión de la Renta Canaria de Ciudadanía con el objetivo de agilizar la tramitación de expedientes y facilitar que esta ayuda llegue a un mayor número de familias en situación de vulnerabilidad.
Según ha informado la consejera del área, Candelaria Delgado, se ha incorporado un nuevo equipo de nueve profesionales técnicos, que desarrollarán labores administrativas para acelerar la grabación y tramitación de datos, permitiendo que la Dirección General de Servicios Sociales pueda valorar y resolver las solicitudes en plazos más reducidos. Para esta contratación se ha destinado una partida superior a los 250.000 euros.
“Desde el Gobierno de Canarias seguimos ampliando esfuerzos y recursos para mejorar la atención a las personas y familias vulnerables de nuestra tierra”, afirmó Delgado, quien subrayó que este refuerzo permitirá resolver más expedientes y ampliar la cobertura de la prestación, con especial atención a la población joven y a las personas con trayectorias migratorias que aún puedan quedar fuera del sistema de protección social.
Un pilar del sistema de protección social
La consejera destacó que la Renta Canaria de Ciudadanía se ha consolidado como un complemento del Ingreso Mínimo Vital y como uno de los pilares clave del sistema de protección social en el Archipiélago, orientado a favorecer la inclusión social.
En este sentido, la directora general de Servicios Sociales e Inmigración, Elisabet Santana, recordó que esta prestación constituye un derecho estable mientras persista la situación de pobreza o exclusión, y que actualmente ofrece un colchón económico a casi 13.000 hogares canarios en situación de vulnerabilidad o riesgo de pobreza.
Más de 106 millones en ayudas
Con esta medida, el Ejecutivo canario refuerza la gestión de una prestación que ya supera los 106 millones de euros en ayudas, consolidándose como una red de apoyo esencial para las personas en situación de necesidad, según destacó Delgado.
La Renta Canaria de Ciudadanía es un derecho subjetivo regulado por la Ley 5/2022, de 19 de diciembre, y se mantiene mientras dure la situación de necesidad, sin límite temporal cerrado, a diferencia de otros modelos de renta. Además, su percepción está vinculada a la inscripción en los servicios de empleo y a la participación en programas de inserción sociolaboral, por lo que se concibe no solo como una ayuda económica, sino también como una herramienta para la inclusión social y laboral de sus beneficiarios.