La Audiencia Nacional (AN) ha condenado a penas de 10 años de prisión y al pago de 125 millones de euros de multa a los 15 tripulantes del pesquero panameño interceptado el 12 de noviembre de 2024 cerca de Canarias con 3.500 kilos de cocaína a bordo. La embarcación fue trasladada al puerto de Las Palmas de Gran Canaria, donde se confirmó la carga ilícita.
Durante el juicio, las defensas alegaron falta de competencia de las autoridades españolas para intervenir el buque, irregularidades en la detención y en el registro, así como la inexistencia de cadena de custodia de la droga. Sin embargo, la AN rechazó todos los argumentos y consideró válidas las actuaciones realizadas.
Bajo amenazas
La tripulación declaró haber visto los fardos en la embarcación, pero insistió en que no tenían relación con la operación. El capitán afirmó haber actuado bajo amenazas y aseguró que personas vinculadas al cargamento incluso llegaron a disparar contra el colegio de su hijastra para coaccionarlo.
La operación se inició tras un aviso de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA), que advirtió a la Brigada Central de Estupefacientes de que un pesquero con bandera de Panamá navegaba hacia España con entre tres y cuatro toneladas de cocaína a bordo. Los investigadores comprobaron que el barco realizaba maniobras irregulares tras salir del Canal de Panamá, lo que reforzó las sospechas de que había cargado la droga en su paso por Venezuela.
Localización
Tras cumplirse los trámites diplomáticos y obtenerse el permiso de Panamá para el abordaje, con la condición de que se actuara bajo su jurisdicción, los agentes localizaron 100 fardos ocultos en la bodega, bajo el puente de mando. Las pruebas dieron positivo en cocaína con una pureza del 84,3%, y se intervino además cerca de 15.000 dólares en poder de la tripulación.
El valor estimado de la droga en el mercado ilícito se situaría entre 124.000 euros por kilogramo y 245.000 euros si se distribuyera por gramos. En base a esta valoración, la Audiencia Nacional impuso una multa equivalente al cuádruplo del beneficio económico posible, fijando así la sanción en 125 millones de euros.