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Sociedad

Ya son 1.000 los juicios suspendidos en Las Palmas por la huelga de letrados de la administración

El 66,02% de los letrados de la Administración de Justicia han secundado la huelga indefinida este viernes

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Letrados manifestándose frente al Palacio de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. / AH

Más de 1.000 juicios se han suspendido en la provincia de Las Palmas desde el inicio de la huelga indefinida de los letrados de la administración de Justicia que se inició el pasado 24 de enero. Los datos de seguimiento han ido aumentado durante estas dos semanas y se sitúa ya en un 66,02%. De los 103 funcionarios y funcionarias, restando los que están de baja, los que tienen permiso o las vacantes, 68 han ejercido su derecho a la huelga.

Los números no paran de crecer y ya son 1.951 las diligencias suspendidas. Además, 1.889 demandas presentadas están paralizadas. La cantidad de dinero consignado que no puede moverse mientras los letrados estén de huelga es de 2.421.713 euros.

El Colegio Nacional de letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ), asociaciones mayoritarias en el Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia, reclaman una reunión con el Ministerio de Justicia para desbloquear la situación.

Sin acuerdo a la vista

“Reclamamos que convoque urgentemente al Comité de Huelga para alcanzar un acuerdo en relación con los compromisos pactados en el mes de abril, y de los que ahora el Ministerio de Justicia se ha desentendido, y que no vamos a cejar hasta que ello se produzca”, aseguran.

Los convocantes de la huelga indefinida de LAJs han manifestado esta semana que “el gobierno no puede permitir que Tontxu Rodriguez (secretario de Estado) tenga la Justicia secuestrada, por su obcecación y fijación contra este colectivo de trabajadores públicos, y que esto repercuta, con la gravedad en la que lo está haciendo, en los profesionales, operadores jurídicos, y ciudadanía, que ven como cada día se están suspendiendo miles de juicios y actos judiciales, o cómo dejan de circular cientos de millones de euros procedentes de las cuentas de consignaciones judiciales”.

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