Los tribunales del Archipiélago están colapsados. Hace menos de un año, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Carlos Lorenzo, advirtió que las Islas son la región con mayor litigiosidad de toda España —con 212 pleitos por cada 1.000 habitantes—. Es un problema que padecen desde los jueces hasta los abogados de oficio.

La situación no pasa desapercibida para nadie y dos jóvenes han querido aliviar la carga del sistema con su proyecto Insitu Legal. La iniciativa nació hace unos seis meses con el objetivo de apoyar el trabajo de los abogados de oficio —quienes trabajan a contrarreloj— con un servicio que guía a sus clientes sin llegar a ejercer en ningún momento representación legal.

Falta de tiempo

Francesco Puia, uno de sus fundadores, explica que el sistema judicial cuenta con buenos profesionales para ofrecer defensa gratuita, pero la gran cantidad de casos que gestionan provoca inconvenientes a la hora de cubrir todas las necesidades del cliente porque no tienen tiempo suficiente. Por lo tanto, apunta, lo van a gestionar de la forma más rápida posible.

Señala que no es una manera equivocada de proceder, pero indica que en muchas ocasiones se genera “insatisfacción” por parte de los clientes porque les gustaría disponer de una atención más personalizada. Además, pone sobre la mesa que la saturación también aparece porque no todo el mundo se puede permitir pagar las tarifas de un abogado particular.

"De la A a la Z"

Detalla que su trabajo no es el de representar a nadie en los tribunales, sino que su servicio consiste en actuar como gestor legal y definir una estrategia a los clientes que después pueda ejecutar el abogado de oficio. “Nuestra parte es la teórico-práctica, hemos estructurado una plantilla desde la fase A hasta la fase Z del procedimiento”, apostilla Puia.

Su labor es la de escuchar, analizar el caso y desarrollar la estrategia procesal para que todo esté bien atado de cara a un posible juicio oral —donde ellos ya no intervendrían, sino que lo harían el abogado de oficio—. La ventaja, subraya, es que es un servicio más económico que el de un abogado privado —por lo que beneficia a quienes no tengan suficientes recursos—.

"La respuesta ha sido buena"

La explicación es sencilla: no existen gastos procesales porque ya están cubiertos por el Estado en el trabajo que lleva a cabo el abogado de oficio. Eso sí, insiste en que nunca irán en contra de la estrategia que decida el letrado, solo la tratan con mayor detalle al disponer de más tiempo. “La respuesta de los clientes ha sido buena, han visto el progreso”, dice.

Una de las mayores dificultades a la que se enfrentan es explicarle a los posibles interesados en qué consiste el servicio porque es un servicio nuevo. “Algunos desconfían, pero les explicamos que estamos totalmente dentro del marco legal”, sostiene Puia. Uno de los puntos que destaca es el de que cuentan también con un servicio de investigación privada.

La aventura de emprender

Ahí es donde entra en acción su socio —que prefiere mantener su identidad en el anonimato debido a su trabajo—. El propósito de su labor es poder acceder lo antes posible a determinadas pruebas que puedan ser de utilidad para la estrategia del cliente. “Es una forma de adelantar el tema”, exclama Puia. Ambas funciones se combinan en el expediente final.

El gestor legal admite que la aventura de emprender es muy grande y “estresante”, pero los dos tienen sus metas muy claras. Sin ir más lejos, el próximo mes de mayo viajarán hasta Madrid para vender allí el proyecto y que la iniciativa —que de momento solo actúa en Gran Canaria— traspase fronteras. “Al fin y al cabo consiste en ayudar al sistema”, afirma.

"Más ágil y segura"

“Para que el sistema jurídico empiece a actuar de una forma más ágil y más segura”, prosigue. Añade que la saturación provoca que los procesos se acaben alargando y “nadie está contento”. En definitiva, se trata de la pescadilla que se muerde la cola. Cuenta que pueden atender casos tanto civiles como penales en cualquier instancia y personalizarlos.

En cuanto a los precios, dice, oscilan entre los 450 euros y los 1.050 según el tipo de caso. Por otro lado, esperan que el proyecto pueda ser replicado por otras personas y que pueda ayudar, por ejemplo, a estudiantes universitarios para coger experiencia. “Lo estaríamos ayudando a él, a los clientes y al sistema”, sentencia.