Intersindical Canaria ve insuficiente la subida salarial para los empleados públicos

El sindicato considera que "en tres años, en el mejor de los casos, no se recupera ni siquiera el poder adquisitivo perdido en 2022"

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Manifestación de empleados públicos de Canarias./ Archivo
Manifestación de empleados públicos de Canarias./ Archivo

Intersindical Canaria (IC) considera insuficiente la subida salarial para los empleados públicos "pactada entre bastidores" por CCOO, UGT y el Gobierno en la última reunión de la mesa sectorial de administraciones públicas.

En un comunicado, IC lamenta que se desoyera a organizaciones como la CIG de Galicia o ELA del País Vasco, que "tienen la consideración de más representativas", y opina que el aumento salarial pactado supondrá "una grave pérdida de poder adquisitivo para el conjunto de empleados públicos".

Abunda el sindicato en que "ni siquiera" recoge la pérdida de poder adquisitivo existente hasta 2022, y que solo en este año supone en torno al 10% de inflación. La subida del 9,5% "anunciada por varios medios" incluye el 2% que se cobra desde enero y varias cláusulas condicionales.
El incremento pactado para el periodo 2022-2024 "no viene a contemplar la inflación de precios de este año", recalca Intersindical Canaria.

No se recupera el poder adquisitivo

En materia de salarios, el Gobierno y los sindicatos estatales proponen un aumento del 3,5% para 2022, que incluye el 2% que ya se aplica desde enero y al que se sumará otro 1,5 % en diciembre, en un solo pago.

Para 2023 el incremento sería del 2,5%, al que se le podría sumar un 0,5% más en octubre, dependiendo del IPC armonizado 2022-2023. Y para 2024 la subida salarial sería del 2% con posibilidad de añadir un 0,5% si el IPC armonizado 22-24 supera la subida salarial prevista.

"Galimatías aparte, en tres años, en el mejor de los casos, no se recupera ni siquiera el poder adquisitivo perdido en 2022, y se firma un acuerdo que acepta una pérdida de más del 5% para este año y el próximo año", censura Intersindical Canaria. A ello habría que sumar sobre "el -20% de pérdida que arrastramos desde 2010".

"Es como si en la última década el personal público ha trabajado 15 meses gratis, en un contexto de alza incontrolada de los precios de los alimentos y la energía", concluye.