Intersindical Canaria ha exigido este miércoles el “cese inmediato” de la directora del organismo, Raquel Peligero, a la que acusa de gestionar la entidad “como un cortijo particular” y de mantener una política de recursos humanos basada en el “clientelismo”, la “arbitrariedad” y la “falta de transparencia”.
En un duro comunicado, el sindicato denuncia además supuestos privilegios para cargos directivos en la nueva sede de la Agencia Tributaria Canaria, ubicada en el Edificio Royal de Las Palmas de Gran Canaria, así como problemas relacionados con el teletrabajo, el reparto de la productividad y la cobertura de vacantes.
Críticas al teletrabajo
Uno de los principales focos de conflicto es la implantación del teletrabajo. Intersindical Canaria asegura que la dirección de la ATC incumple el Decreto 74/2023 al denegar esta modalidad incluso en casos de salud justificados o durante alertas meteorológicas.
Según el sindicato, la dirección argumenta supuestos problemas de seguridad informática, aunque denuncia que sí existen conexiones remotas para directivos, jefaturas y personal externo. La organización sostiene que actualmente “más de sesenta personas” teletrabajan sin impedimentos, mientras el resto de la plantilla continúa sin acceso a esta opción.
La central sindical también cuestiona que, tras “inversiones millonarias” en tecnología y el refuerzo del área informática, la Agencia Tributaria Canaria siga sin implantar un sistema de trabajo online “como el que ya funciona en otras administraciones públicas”.
Productividad “opaca”
Otro de los puntos más duros del comunicado se centra en el reparto de la productividad. Intersindical Canaria afirma que la dirección incumple la Ley de Presupuestos de Canarias al no informar a la plantilla sobre los criterios individuales de evaluación ni hacer públicos los pagos realizados.
El sindicato sostiene que este sistema beneficia especialmente a una “élite” formada por cargos de libre designación, cuyos complementos alcanzarían “casi siempre el máximo permitido”, con una media de 15.000 euros por persona.
Además, denuncia que ni el personal ni la representación sindical tienen acceso a la información sobre estos pagos y acusa a la dirección de negarse a negociar el sistema de planificación en las mesas correspondientes.
Polémica en el Royal
La organización sindical también carga contra la gestión del traslado al Edificio Royal. Intersindical Canaria recuerda que la reforma del inmueble sufrió retrasos tras la suspensión de pagos de la empresa adjudicataria y menciona la vinculación de esa constructora con la denominada “trama Koldo”.
El sindicato critica además el modelo de “mesas calientes” implantado para parte de la plantilla, que obliga a compartir puestos de trabajo y evita dejar objetos personales, mientras que directivos y jefaturas sí dispondrían de despachos y espacios exclusivos.
Las acusaciones se extienden también al uso del aparcamiento del edificio. Según Intersindical Canaria, las cerca de 40 plazas de garaje disponibles estarían reservadas para la dirección, jefaturas y personal externo, dejando fuera al resto de trabajadores.
Vacantes y conciliación
El sindicato asegura además que la Agencia Tributaria Canaria cerró 2025 con solo el 60% de la Relación de Puestos de Trabajo cubierta, lo que supondría cerca de 300 vacantes sin ocupar.
Intersindical Canaria denuncia que esta falta de personal provoca una sobrecarga laboral y acusa a la dirección de bloquear promociones internas y solicitudes de conciliación familiar mientras, sostiene, se favorece a “familiares y amigos”.
También asegura que existen casos de trabajadoras pendientes desde hace meses de adaptaciones laborales avaladas por el Servicio de Vigilancia de la Salud y el Comité de Seguridad y Salud de la ATC.
Amenaza de movilizaciones
Ante esta situación, Intersindical Canaria reclama formalmente a la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, el relevo de la directora de la ATC y la apertura de un “proceso real de negociación”.
El sindicato advierte de que, si no se producen cambios, estudiará convocar movilizaciones, concentraciones y paros en la Agencia Tributaria Canaria, además de acudir a los tribunales mediante conflictos colectivos.