Un médico de La Palma ha interpuesto una querella contra varios mandos de la Guardia Civil y varios jueces togados militares a los que atribuye la comisión de diversos delitos en el marco de una investigación que derivó en la detención del facultativo querellante en 2024.
Según consta en el auto judicial de admisión a trámite, al que ha tenido acceso Atlántico Hoy, la acción penal se dirige contra varios mandos de la Guardia Civil en La Palma, togados militares (esto es, miembros del Cuerpo Jurídico Militar de los tribunales militares), así como contra otros “guardias civiles que intervinieron en el procedimiento” y la “Policía Judicial de Los Llanos de Aridane”.
Los presuntos delitos
La querella, presentada en representación del médico, sostiene que los querellados habrían incurrido en presuntos delitos de prevaricación, coacciones, acoso, allanamiento de morada y vejaciones injustas.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Santa Cruz de La Palma ha considerado que los hechos denunciados “pudiendo ser constitutivos de delito” cumplen los requisitos legales, por lo que ha acordado su admisión a trámite y la apertura de diligencias previas para su investigación.
El génesis de todo
El origen del conflicto se sitúa a principios de marzo de 2024, cuando el facultativo fue detenido en La Palma acusado de emitir presuntamente partes médicos falsos, en concreto bajas laborales vinculadas a agentes de la Guardia Civil. La actuación fue recogida entonces por distintos medios, que informaron de la detención por un supuesto delito de falsedad documental en relación con esos informes médicos.
En su declaración judicial, incorporada a la causa, el médico niega haber cometido irregularidades y asegura que su actuación se limitó a seguir criterios clínicos. Según su versión, las bajas se emitían conforme a informes de especialistas y bajo revisiones periódicas, afirmando que no actuaba de manera autónoma sino dentro de un proceso médico supervisado. También sostiene que en algunos casos intentó tramitar altas médicas que, según indica, no fueron aceptadas en el ámbito correspondiente.
Sobreseído en lo civil y reabierto en lo militar
El procedimiento penal abierto en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Santa Cruz de La Palma contra el facultativo fue posteriormente archivado. El auto de sobreseimiento señala que no se acreditaron suficientemente los hechos presuntamente delictivos para continuar con la causa, más allá de algunas cuestiones formales como faltas de firmas o fechas que no eran constitutivas de delito.
Pero, tras ese archivo en la jurisdicción ordinaria, el médico fue nuevamente imputado por los mismos hechos en la jurisdicción militar, en el Juzgado Togado Militar Territorial nº 51, donde también se incoaron actuaciones en su contra. Posteriormente, en ese ámbito se dictó un sobreseimiento definitivo en enero de 2026, al no apreciarse indicios de delito y tras agotarse el plazo de instrucción.
La detención como "un terrorista"
A partir de ese recorrido procesal, el médico, a través de su representación legal, dirige ahora la acción penal contra quienes, a su juicio, participaron en unas actuaciones que considera injustificadas tanto en la fase de detención como en las posteriores diligencias.
En un escrito remitido a su abogado, sostiene que en la operación intervinieron “al menos un teniente y un sargento” que lo detuvieron en su lugar de trabajo, “el guardia de la judicial” y que todo ello se produjo “con la aprobación del capitán”.
En ese mismo documento afirma que fue arrestado a la entrada de su consulta, esposado en la vía pública y trasladado al cuartel sin permitirle tomar la medicación que, según expone, necesitaba de inmediato por sus antecedentes cardíacos. También sostiene que durante esas actuaciones sufrió un trato “denigrante”, recibió “insultos” y “amenazas”, y que los agentes actuaron dándole por culpable antes de prestar declaración. En declaraciones a Atlántico Hoy, el médico asegura haberse sentido tratado "como un terrorista".
Presunto acoso y allanamiento
La querella se apoya además en otros episodios posteriores que el médico presenta como parte de un mismo patrón de actuación. Según su relato, el 2 de abril de 2024 el mismo teniente y el mismo sargento acudieron a su clínica para notificarle una citación judicial y uno de ellos, vestido de paisano, se negó a esperar fuera pese a que él le pidió que abandonara el interior del local.
Esa actuación terminó con una denuncia administrativa por falta de respeto, que dio lugar a un expediente sancionador de la Dirección Insular de la Administración General del Estado en La Palma. En ese acuerdo de iniciación se recoge que el médico dijo a uno de los agentes “es usted un delincuente” y después “es usted un presunto delincuente”, motivo por el que se propuso una multa de 100 euros, que quedó reducida a 50 euros por pago voluntario.
El querellante también vincula a su denuncia otra notificación posterior, de 21 de agosto de 2024, cuando, según expone, una nueva pareja de guardias civiles uniformados y armados acudió al interior de su consulta para comunicarle la imputación en el juzgado togado militar. En ese escrito sostiene que esa nueva actuación se produjo “por lo mismo” que ya había sido archivado en la jurisdicción ordinaria y que los agentes le dijeron que no necesitaban orden judicial para entrar en la clínica.
Los delitos relatados
En esa base fáctica se apoyan las acusaciones que ahora formula contra los querellados. El médico y su representación sostienen que existió prevaricación por promover o mantener actuaciones penales que, según su versión, carecían de fundamento; coacciones y vejaciones por la forma en la que se practicó la detención y por el trato recibido; allanamiento de morada por la entrada de agentes en su consulta sin autorización judicial; y acoso por la reiteración de visitas y notificaciones en su centro de trabajo, siempre según el relato de la querella.
En relación con los togados militares acusados, la querella también les atribuye un presunto papel prevaricador en la reapertura de actuaciones tras el archivo en la jurisdicción ordinaria. El médico sostiene que fue imputado en ese ámbito “por lo mismo que ya ha sido archivado”, y considera que esa decisión supuso una prolongación injustificada del procedimiento que incrementó los perjuicios personales y profesionales que dice haber sufrido.
En ese mismo escrito afirma que el juez militar habría actuado con la intención de “criminalizar” su actuación médica y facilitar consecuencias disciplinarias para los agentes relacionados con las bajas.
Perjuicio profesional
El escrito también menciona el perjuicio profesional y personal que dice haber sufrido a raíz del caso, incluida la difusión pública de su arresto como médico investigado por falsedad documental y el daño reputacional que, afirma, le ocasionó en una isla donde su identidad era conocida pese a no figurar en las informaciones publicadas con nombre y apellidos.
El juzgado ha fijado, entre las primeras diligencias, la toma de declaración del querellante y la incorporación de actuaciones de procedimientos anteriores relacionados con los hechos, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido. La causa se encuentra en fase de instrucción.