El Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado una compleja investigación para desmantelar una red organizada que supuestamente usaba plataformas digitales y grupos de mensajería con la intención de captar a jóvenes e inducirlas a una pérdida de peso extrema, poniéndolas incluso en riesgo de muerte por inanición. 

El detonante

La voz de alarma surgió en el Hospital Insular de Gran Canaria, tras ingresar en agosto una adolescente con un cuadro de desnutrición severo. Los psicólogos del centro, al profundizar en el trastorno alimenticio de la paciente, descubrieron que no se trataba de un caso aislado de salud mental, sino de una inducción externa deliberada. De ahí que activasen los protocolos judiciales establecidos para estos casos.

Al detectar indicios de criminalidad, el caso fue derivado al juzgado por el Hospital Insular. En el análisis del teléfono móvil de la menor, el magistrado Tomás Martín halló el acceso a un grupo de WhatsApp en el que se encontraban otras jóvenes en situaciones similares, compartiendo pautas para dejar de comer y bajar de peso.

Flaqueza por niveles 

La investigación ha identificado una página web que funciona como centro neurálgico de la supuesta red. Según fuentes judiciales, el sitio operaba bajo una estructura de metas u objetivos, es decir, se establecía una jerarquía de delgadez, con diferentes niveles de pérdida de peso. Luego se exigían pruebas específicas para saltar o pasar de categoría.

Las jóvenes eran incitadas a enviar fotografías de sus cuerpos para demostrar sus "avances", ejerciendo los administradores una fuerte presión psicológica sobre las chicas para que continuaran adelgazando, sin importarles el riesgo vital asociado a esas situaciones.

Desafío internacional

Las primeras pesquisas sitúan a los responsables de estos grupos y la web en Sudamérica, posiblemente en México, lo cual dificulta la investigación desde Las Palmas de Gran Canaria.

Sin embargo, tras analizar los números de teléfono, se han identificado posibles víctimas en España. Por eso el juez, a petición de la Fiscalía, ha solicitado a la Policía Nacional que amplíe la investigación.

Dos son los objetivos prioritarios en estos casos: identificar a todas las afectadas españolas que puedan estar atrapadas en estos grupos, con el fin de ofrecerles protección y asistencia médica, y localizar a los autores de los delitos para tramitar las correspondientes órdenes de detención y cierre de las plataformas.

Novedad penal

Los hechos investigados encajan en el artículo 361 bis del Código Penal, que fue creado en 2021 a través de la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia (conocida como Ley Rhodes) para cubrir un vacío legal que dejaba impunes a quienes promovían trastornos alimentarios en la red.

Dicho artículo protege a los menores y las menores y las personas con discapacidad frente a la "distribución" de contenidos específicamente destinados a promover o facilitar el consumo de productos o el uso de técnicas o métodos que puedan producir trastornos de la conducta alimentaria, incluyendo "la difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación", recoge el Código Penal.

Las penas establecidas para castigar este tipo de comportamientos son prisión de uno a tres años o multa de seis a doce meses.

De la impunidad al castigo

Los administradores de estas webs, que son conocidas frecuentemente como "pro-Ana" y "pro-Mia", solían quedar impunes porque la incitación a la anorexia no era considerada un delito directo y, antes de la reforma penal, había que acreditar una inducción al suicidio o lesiones graves para lograr condenas.

La cosa cambió con la Ley Rhodes, que penaliza la simple difusión o distribución de estos contenidos. De ahí el interés que ha despertado el caso en los foros judiciales y médicos. La investigación, eso sí, está en una fase muy inicial.