Lo que comenzó como la reclamación de una clienta en Las Palmas de Gran Canaria ha terminado destapando una presunta estafa que afecta a 172 personas en Canarias. La Policía Nacional ha concluido una investigación sobre varias clínicas de tratamientos estéticos y depilación láser cuyos responsables habrían seguido vendiendo servicios y cobrando a los clientes pese a conocer que los centros no podrían cumplir con los tratamientos contratados.
La investigación se inició en octubre de 2025, después de que una mujer denunciara que había contratado diversos tratamientos en una clínica de estética de la capital grancanaria que cerró de forma repentina poco tiempo después, sin llegar a prestar los servicios acordados.
Un patrón común
A esa primera denuncia se sumaron posteriormente numerosas reclamaciones de otros clientes, lo que permitió a los investigadores detectar un mismo modus operandi.
Las pesquisas determinaron que el caso afectaba a 172 personas entre Gran Canaria y Tenerife, todas ellas perjudicadas por el cierre de establecimientos vinculados a la misma empresa.
Según la Policía Nacional, los responsables continuaron ofreciendo y comercializando tratamientos de belleza y depilación láser mientras la compañía atravesaba una delicada situación económica que hacía inviable la prestación de los servicios contratados.
Tratamientos cobrados
La investigación apunta a que la empresa acumulaba impagos de alquileres y nóminas al mismo tiempo que seguía captando nuevos clientes y obteniendo ingresos mediante la venta anticipada de tratamientos.
Como consecuencia, decenas de usuarios abonaron importantes cantidades de dinero o financiaron tratamientos que finalmente nunca llegaron a recibir.
Entre los perjudicados, al menos 40 personas no pudieron disfrutar de ninguna de las sesiones contratadas, pese a haber formalizado los pagos correspondientes.
Los agentes consideran que los clientes fueron inducidos a contratar servicios que, presuntamente, ya se sabía que no podrían prestarse en las condiciones acordadas.
Cinco personas identificadas
La operación ha concluido con la investigación del administrador único de la empresa y de su directora general, ambos de entre 40 y 50 años, como presuntos responsables de los hechos.
Además, otras tres personas han sido identificadas por su posible participación en la gestión de las clínicas y en las actividades que están siendo investigadas.
La Policía Nacional destaca que la complejidad del caso va más allá del ámbito insular. La existencia de varias sociedades vinculadas al mismo administrador y la posibilidad de que haya afectados en diferentes puntos del país han motivado que la investigación pase a manos de la Audiencia Nacional.
Será este órgano judicial el encargado de continuar la instrucción de una causa que podría extenderse a otros territorios y aumentar el número de perjudicados conforme avance la investigación.