La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha reclamado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que insten al Ministerio de Justicia a aprobar las medidas de refuerzo para las islas, denegadas el pasado mes de diciembre.

La sección territorial de Canarias de la APM ha formulado esta petición en un comunicado emitido este viernes ante la decisión del Ministerio "inmotivada e injustificada" de no conceder cuatro medidas de refuerzo a las islas, que recuerda que llevan más de cuatro año con las tasas de litiogiosidad más altas de todo el territorio nacional.

APM asegura en la nota que la decisión del Ministerio ha causado "perplejidad y profunda preocupación, por lo que supone de muestra clara y evidente del abandono de la Administración de Justicia por parte de los responsables de dotarla de medios suficientes para ejercer sus funciones del servicio público tutelando los derechos fundamentales de los ciudadanos".

"Urgencia y necesidad"

La APM destaca "la urgencia y necesidad de las mismas", con el fin de garantizar un ejercicio adecuado y eficaz de la función jurisdiccional en los órganos judiciales de la Comunidad autónoma de Canarias, así como de evitar el grave perjuicio que la no aprobación de estos planes de refuerzo producirá en el servicio público de Justicia.

Se trata de cuatro peticiones de medidas de refuerzo y apoyo acordadas por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y por el Consejo General del Poder Judicial para los Juzgados y Tribunales canarios, que fueron rechazadas el pasado 23 de diciembre por el Ministerio, señala el comunicado.

En él precisa que la Sala de Gobierno de Canarias solicitaba la prórroga de los refuerzos a los Juzgados de lo social 1, 2 y 6 de Las Palmas; el refuerzo con tres comisiones de servicio en la sala de lo contencioso administrativo de Tenerife; el refuerzo de la sala de lo social de Tenerife y el refuerzo en los Juzgados de Primera instancia e instrucción número 1, 2, 3 y 4 de Granadilla de Abona.

Informe favorable

Además, destaca que las medidas de refuerzo fueron aprobadas por el TSJC, que conoce de primera mano las necesidades de los órganos judiciales y han obtenido el informe favorable del Servicio de Inspección del CGPJ y reprocha al Ministerio que se limite a reseñar que "conforme a lo dispuesto en el artículo 216 bis.5 LOPJ, no ha lugar a la autorización económica".

La sección territorial de Canaria de la APM insiste en que "a falta de dotación de medios a la Justicia degrada su calidad, ya que una justicia lenta no es justicia".

Compromiso presupuestario

Así mismo, expone que ante la ausencia de un compromiso presupuestario suficiente por las Administraciones públicas "los planes de refuerzo no dejan de ser un parche a la sobrecarga y a la elevada litigiosidad, pero si a eso se añade que se niegan los mencionados planes las consecuencias negativas para el ejercicio por los ciudadanos de su derecho a la tutela judicial efectiva son evidentes".

La APM recalca que esta este rechazo se produce además en un momento en que acaba de aprobarse la llamada Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, "de nuevo sin dotación presupuestaria alguna", con lo que se pone de relieve la tendencia "a aprobar leyes escandinavas con medios africanos".