El juez de El Hierro ha ordenado poner en marcha el proceso para devolver a sus países de origen a 85 de los 119 ocupantes del cayuco que llegó el pasado martes a La Restinga, en la última llegada registrada a la isla. Tras ser escuchados al cumplirse el máximo de 72 horas de detención policial, estas personas han quedado autorizadas para su traslado a un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE), a la espera de que se ejecute su expulsión.

De manera transitoria, permanecerán en el Centro de Atención Temporal de San Andrés, también en El Hierro, hasta que la Policía gestione su traslado a un centro de internamiento no penitenciario. Su situación legal ya ha cambiado, al haber autorizado el juez su internamiento durante un máximo de 60 días, el tiempo que permite la ley en España.

Mayor expediente con vistas a expulsión

Se trata, según fuentes judiciales, del mayor expediente de internamiento de inmigrantes en un CIE con vistas a su expulsión que se activa en Canarias desde que el 12 de junio comenzó a aplicarse el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Esta nueva normativa endurece las condiciones para quienes entran de forma irregular en la Unión Europea, amplía los tiempos de detención y prioriza las devoluciones.

Las expulsiones y devoluciones, no obstante, dependen de un procedimiento complejo que en muchos casos no llega a completarse, sobre todo por las trabas que suelen plantear los países de origen para aceptar el retorno forzoso de sus nacionales. En ese contexto, España expulsó en 2025 a 5.705 personas, según Eurostat, mientras que a Canarias llegaron el año pasado 17.788 migrantes en pateras y cayucos.

A bordo del cayuco viajaban ciudadanos de Gambia, Guinea, Costa de Marfil, Guinea Bissau, Senegal y Mali. Habían salido nueve días antes desde la localidad de Barra, en Gambia, según la información recabada por los servicios de emergencia de El Hierro. Entre sus 119 ocupantes viajaban siete mujeres y cinco menores.