El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la condena al Servicio Canario de la Salud (SCS) a indemnizar con 659.387 euros por la muerte de una enfermera de 51 años del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. Según la sentencia remitida por el bufete Henríquez y Carnero Abogados, encargado de la defensa legal de los demandantes, la cantidad supera actualmente los 745.000 euros al sumar los intereses.
La resolución, declarada firme el pasado 15 de julio, ratifica el fallo dictado en primera instancia por un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria y aplica la doctrina "del daño desproporcionado". En la nota remitida se señala que el TSJC considera "que el resultado producido se apartó de forma notoria de lo esperado" y sostiene que la administración "no ofreció una explicación racional y alternativa sobre las causas del fallecimiento".
En 2022
Según el escrito los hechos se remontan a enero de 2022 cuando la paciente, que padecía enfermedad de Crohn, "fue intervenida y recibió nutrición parenteral a través de un catéter venoso central de inserción periférica (PICC)". Al parecer tras su fallecimiento por insuficiencia respiratoria, la autopsia constató "la presencia de más de cuatro litros de un líquido blanquecino en las cavidades pleurales".
Añaden que la familia, representada por el abogado Octavio L. Henríquez Portillo, sostiene que "el catéter pudo estar incorrectamente colocado y que la nutrición parenteral terminó acumulándose en las cavidades pleurales". También denuncia que, pese a que el dispositivo no presentaba reflujo sanguíneo y a que la paciente manifestó dificultad respiratoria, "se continuó administrando la nutrición y no se realizaron pruebas como una auscultación pulmonar o una radiografía urgente de tórax".
Explicación poco coherente
El tribunal señala que el Servicio Canario de la Salud "no logró explicar de forma coherente cómo la paciente acumuló más de cuatro litros de líquido en pocos días" y concluye que las explicaciones aportadas "no fueron suficientes para desvirtuar la tesis mantenida por la familia".
La condena fija una indemnización de 659.387 euros a la que se suman los intereses legales desde la reclamación presentada el 18 de enero de 2023 y las costas de la primera instancia.
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