La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha acordado este viernes elevar una queja formal al Gobierno de Canarias por lo que califica de "parálisis absoluta" en los órganos judiciales del archipiélago, provocada por una nueva oleada de incidencias en la plataforma de gestión procesal Atlante.
Según un comunicado difundido por el gabinete de prensa del TSJC, las anomalías técnicas se han prolongado durante toda la semana y de forma ininterrumpida durante las jornadas del miércoles, jueves y viernes, ralentizando cualquier trámite ordinario.
La consecuencia más grave, señala el órgano de gobierno judicial, es el "impedimento total" para la firma electrónica de resoluciones procesales, lo que a su juicio paraliza los órganos judiciales de toda la comunidad autónoma al no poder dictarse ni notificarse resoluciones.
El TSJC ha expresado su preocupación por el "impacto crítico" de esta inoperatividad sobre los servicios de guardia de los distintos partidos judiciales. Sostiene que, al verse afectada la tramitación de actuaciones urgentes e inaplazables, la prestación de este servicio público esencial queda en una situación de extrema gravedad y se vulnera el derecho de la ciudadanía a la tutela judicial efectiva.
"No es un hecho aislado"
La Sala de Gobierno subraya que no se trata de un episodio puntual y recuerda que ya había denunciado en acuerdos previos estas deficiencias sistémicas, reclamando soluciones inmediatas. Asimismo, recuerda al Ejecutivo autonómico su responsabilidad en el mantenimiento de las infraestructuras informáticas judiciales y traslada a la ciudadanía y a los operadores jurídicos que la paralización "obedece exclusivamente", según su versión, a causas técnicas ajenas al Poder Judicial.
El órgano judicial ha acordado además comunicar esta "incidencia generalizada y concurrente" al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a su Servicio de Inspección, para que quede constancia de que estos fallos técnicos —cuya responsabilidad atribuye al Gobierno de Canarias— afectan al rendimiento y a la normal prestación del servicio por parte de los jueces del archipiélago.
Por el momento, el Gobierno de Canarias no se ha pronunciado públicamente sobre la queja del TSJC.