La apertura del año judicial 2025-2026 en Canarias ha estado marcada por una reclamación central: la creación de 24 nuevas plazas judiciales —12 por provincia— para que las islas puedan afrontar con garantías la tercera fase de implantación de la Ley de Eficiencia de la Justicia, prevista para enero de 2026.

Así lo ha subrayado este viernes el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo, en su discurso ante las principales autoridades autonómicas y estatales. El magistrado, que confirmó su intención de presentarse de nuevo al cargo en 2026, advirtió de que sin refuerzos y sin la culminación de la comarcalización de los juzgados de violencia de género, “no habrá una justicia más ágil y eficaz”.

Unificación de juzgados 

Lorenzo insistió en la necesidad de unificar los juzgados de La Orotava y Puerto de la Cruz, así como de Arona y Granadilla de Abona, al considerar que solo así se garantizará la viabilidad de los partidos judiciales en Tenerife.

En su intervención, lamentó los retrasos en la cobertura de vacantes y volvió a denunciar las deficiencias en infraestructuras, con especial énfasis en la situación “crítica” de Santa Cruz de Tenerife, que repercute directamente en el funcionamiento de los juzgados de violencia sobre la mujer.

Aunque valoró la creación de cuatro nuevas plazas en este ámbito, advirtió de que “es imprescindible” dotar de otra unidad al partido judicial de la capital tinerfeña, además de facilitar salas seguras y transporte a las víctimas para evitar confrontaciones con sus agresores.

Justicia especializada en infancia y adolescencia

El presidente del TSJC pidió extender a todo el Archipiélago el modelo del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, especializado en violencia contra la infancia y adolescencia. “No podemos permitir que exista una justicia de primera y otra de segunda”, afirmó.

Asimismo, volvió a reclamar un Pacto Canario por la Justicia y una dotación presupuestaria suficiente. Recordó que en 2024 se registró en Canarias un incremento del 13,9 % en los asuntos judiciales, con 475.761 procedimientos, y que la comunidad volvió a liderar la tasa de litigiosidad en España: 212 pleitos por cada 1.000 habitantes, lo que afecta a más del 63 % de los órganos judiciales.

La Fiscalía reclama infraestructuras

La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, se sumó a las reivindicaciones, reclamando refuerzos y medios en los órganos judiciales y de la Fiscalía. Subrayó la urgencia de un Palacio de Justicia en Santa Cruz de Tenerife, cuya ausencia está “perjudicando muy seriamente el crecimiento de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal”.

Martínez señaló también la necesidad de ampliar las instalaciones de la Fiscalía en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) y urgió a poner en marcha la Oficina Fiscal, aún pendiente en las islas, con la esperanza de que empiece a funcionar antes de que finalice 2025.