Desde este viernes, los juzgados de violencia sobre la Mujer asumirán todos los delitos de violencia sexual contra la mujer, como los de trata con fines de explotación sexual, tras la entrada en vigor de la ley de eficiencia de la Justicia aprobada en enero. La norma amplía sus competencias más allá del ámbito de la pareja o expareja, y alcanza a delitos como los matrimonios forzosos o la mutilación genital femenina.
La medida se pondrá en marcha a pesar de las críticas de los jueces especializados, que han alertado de la falta de medios y han advertido de que no podrán abarcarlo todo "porque es inasumible". 123 jueces especializados en violencia machista han alertado esta semana del "colapso" al que se enfrentarán estos órganos, ya sobrecargados, y han recordado que en marzo advirtieron de las "nefastas consecuencias" de asignarles nuevas competencias.
El objetivo, según el Ministerio de Justicia, es garantizar un mejor servicio y protección a las víctimas, de modo que todos los delitos con un claro componente de género sean investigados por jueces con formación específica en igualdad.
Aumento de carga
Para afrontar este aumento de carga —que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) calcula en un 12,9% de media— el Gobierno aprobó en junio la creación de 50 plazas judiciales especializadas, lo que supone un incremento del 42% respecto a las existentes.
El CGPJ también ha aprobado medidas de apoyo para reforzar 23 juzgados en distintas comunidades, entre ellos los de Canarias, junto con Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia. Las medidas fueron solicitadas por los presidentes o Salas de Gobierno de los distintos Tribunales Superiores de Justicia y cuentan con informe favorable del Servicio de Inspección.
Los jueces, no obstante, cuestionan la utilidad de los refuerzos y recuerdan que aún no se ha creado ese 50% de plazas prometido ni se han dotado los refuerzos provisionales previstos hasta 2026. Estos se limitan a comisiones de servicio que obligan a jueces a compaginar su labor habitual con nuevas cargas, lo que consideran inasumible.
Ocho refuerzos en octubre
De las 50 plazas creadas, 8 entrarán en funcionamiento en octubre, entre ellas la del juzgado de violencia sobre la mujer de Arona (Canarias), además de Ayamonte y Marbella (Andalucía), L’Hospitalet de Llobregat (Cataluña), Llíria y Vila-Real (Comunidad Valenciana), Manacor (Baleares) y Arganda del Rey (Madrid).
Las 42 restantes se activarán en diciembre con los nuevos Tribunales de Instancia. Mientras tanto, el Ministerio asegura que dotará a los juzgados de los refuerzos temporales necesarios mediante jueces sustitutos o en comisión de servicio. Hasta ahora, se han autorizado 15 medidas de refuerzo que alcanzan a 25 juzgados.
El Ejecutivo ha creado también 42 nuevas plazas de fiscales para estos juzgados. De ellas, 41 ya han sido convocadas y la número 42 adjudicada. Hasta su incorporación completa, el Ministerio aprobará todas las medidas temporales de refuerzo que la Fiscalía considere necesarias, siete de las cuales ya han sido autorizadas para incorporarse en las próximas semanas.