El atasco en los procedimientos de familia, que se ha visto agravado por la pandemia, está facilitando la violencia de género y también la manipulación de muchos niños cada año con graves daños para su salud psicológica, según denuncian los abogados especializados en esta jurisdicción.Los juzgados de las poblaciones de menor tamaño tardan, de media, unos nueve meses en dictar las primeras medidas provisionales para regular el uso del domicilio familiar o las visitas a menores cuando se produce una separación sin acuerdo, unas medidas para las cuales la ley prevé diez días por su carácter de urgencia. La otra mitad vive en ciudades en las que la espera puede ser de unos cinco meses, un tiempo también excesivo. La sentencias que tratan de ponen orden en estos conflictos tardan mucho más, entre dos y tres años y medio.Estos datos proceden de la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa), que denuncia que “las demoras potencian y favorecen las situaciones de violencia de género, intrafamiliar y filoparental”.Por su parte, la presidenta de la Asociación por la Infancia Maltratada (ACIM), psicóloga clínica y profesora de Psicología, Carma Tello, considera que "cuando se retrasa una solución judicial se produce un maltrato de los menores afectados. El problema es grave".
Un problema grave
Afirma que, a causa de la covid "se ha producido, por un lado, el retraso de las resoluciones judiciales en los casos de divorcios conflictivos, y por otro el agravamiento de la presión por el conflicto de lealtades sobre los niños debido al aislamiento o a la cronificación del conflicto".Según datos del Consejo General del Poder Judicial y del INE, cada año se producen unos 100.000 divorcios y separaciones y, en torno a la cuarta parte de ellos, es contenciosa. Según la Aeafa, los divorcios y las separaciones de parejas con hijos son conflictivas en su gran mayoría (97 %). Aunque no deja de ser una estimación, cabe deducir que miles de menores, quizá decenas de miles, se ven afectados cada año por un conflicto que, si se encona, les dañará psicológicamente.María Pérez, vicepresidenta de la Aeafa explica que “tengo señalamientos de vistas sobre menores y uso del domicilio para noviembre de 2021. Eso genera situaciones de tremenda tensión en hogares que se están rompiendo y se encuentran con un vacío legal sobre los niños o sobre la casa, lo cual propicia tanto casos de violencia de género como mucho abuso por parte de mujeres que llaman al 016 para que venga la Policía y le recomienden a su marido, en el mejor de los casos, que se vaya del domicilio para evitar más denuncias”.
Tensión en el hogar
“En algunas ocasiones la tensión y el conflicto en la pareja dan lugar a denuncias que suponen el traspaso del expediente a violencia de género, con la criminalización de la vida familiar consiguiente. Estas denuncias suelen estar justificadas, pero no siempre”, declara por su lado Mariló Lozano, presidenta de la Aeafa.Los letradas aclaran que aluden a procedimientos policiales que suelen morir cuando llegan a manos del juez o revestir gravedad mínima, y que no constituyen denuncias falsas de violencia de género, un fenómeno considerado casi inexistente en las estadísticas.“Los menores son los más afectados porque los padres y madres no puedan gestionar el conflicto. Durante el tiempo de espera de la decisión judicial se dan muchos casos de instrumentalización de los niños, los usan, o bien una trata de minimizar la relación con el que sale fuera de casa, o bien quien tiene más poder económico disminuye o no contribuye a los gastos situando a la otra parte en precariedad. Al final los niños salen dañados”, añade Lozano.La Asociación Española de Abogados de Familia y los colegios de abogados de distintas comunidades piden la urgente creación de más juzgados especializados en Familia, entre muchas otras medidas.
