España dio protección en 2025 a 8.285 de los 8.320 malienses cuyas solicitudes resolvió en primera instancia, un 99,6 %. En cambio, solo 395 de los 7.470 senegaleses obtuvieron una respuesta favorable, un 5,3 %, según los datos de Eurostat actualizados el pasado 28 de octubre. La diferencia la marca la guerra en Malí, que permite a sus ciudadanos acreditar el riesgo que corren si vuelven.
Las dos nacionalidades llegan por la misma ruta y, muchas veces, en los mismos cayucos que alcanzan El Hierro. Pero una vez en tierra su camino se separa: los malienses tienen una vía legal para quedarse y los senegaleses, en la práctica, casi ninguna.
Esta excepción matiza la idea de que un trabajador africano corriente no tiene ninguna forma regular de quedarse en España. Lucas Andrés Pérez Martín, profesor de Derecho Internacional Privado de la ULPGC y especialista en migraciones, lo resume así: “Malí es muy factible; para las otras nacionalidades es relativamente más difícil acreditar esa persecución”.
Guerra y protección internacional
Para obtener protección internacional, explica Pérez, los solicitantes “tienen que acreditar que están siendo perseguidos o que no pueden volver a su país porque hay una situación de guerra que no lo permite”. Es lo que ocurre en Malí, un país del Sahel sin salida al mar, situado al este de Senegal.
Desde septiembre de 2025, el grupo yihadista JNIM, vinculado a Al Qaeda, ataca los convoyes de combustible que abastecen el sur del país. El 25 de abril de 2026 lanzó, junto al grupo independentista Frente de Liberación del Azawad, ataques coordinados contra Bamako, la capital, y contra otras ciudades como Gao y Kidal, en el norte, o Mopti, en el centro. Tres días después anunció el bloqueo total de las carreteras que llevan a Bamako.
La violencia volvió a dispararse a principios de julio en el norte y el centro del país. Por eso la mayoría de los malienses no obtiene el estatuto de refugiado, que exige demostrar una persecución personal, sino la protección subsidiaria, pensada para quienes correrían un riesgo real de sufrir daños graves si regresaran, como la violencia de un conflicto armado. En 2025, de las 8.285 respuestas favorables a malienses, 8.095 fueron de este tipo.
De ninguna protección a casi todas
Este giro es reciente, porque en 2016 España resolvió 1.025 solicitudes de malienses y no concedió ni una. El cambio empezó en 2020 y 2021, y desde 2022 la protección es casi automática: en 2024 llegó al 99,6 %, con 9.345 respuestas favorables de 9.385.
Al mismo tiempo crecieron las peticiones, hasta convertir a Malí en el segundo país con más solicitudes de asilo en España en 2025, con 16.004, solo por detrás de Venezuela. Según ACNUR, los malienses pasaron de representar el 6 % de todas las peticiones en 2024 al 11 % en 2025.
La tendencia se ha mantenido en los primeros meses de 2026: entre enero y mayo, 6.378 de las 7.457 protecciones subsidiarias concedidas en España fueron para malienses, casi nueve de cada diez, según el avance del Ministerio del Interior. Su tasa de reconocimiento llegó al 95,97 %, mientras que la media de todas las nacionalidades se quedó en el 19,44 %.
Senegal, al otro lado de la balanza
Las cifras de los senegaleses cuentan la historia contraria. Las decisiones sobre sus solicitudes se multiplicaron casi por cuatro en un año, de 1.915 en 2024 a 7.470 en 2025, pero el porcentaje de respuestas favorables apenas se movió, del 3,9 % al 5,3 %. Entre enero y mayo de 2026, Senegal fue el tercer país con más resoluciones desfavorables en España, con 1.359.
El motivo está en las razones de la salida. La periodista senegalesa Marie Louise Ndiaye describe un país donde “económicamente, la situación es difícil y, políticamente, el clima es tenso”, con jóvenes sin empleo ni perspectivas. Pero la pobreza no da derecho a protección. Pérez lo ilustra con el caso de quien llega a pedirla alegando “tengo hambre en mi país, quiero migrar”: esa razón, por sí sola, no basta.
Los gambianos tampoco lo tienen fácil: de las 1.040 decisiones que les afectaron en 2025, solo 180 fueron positivas, un 17,3 %. Para quienes reciben un no, la única salida que describe el experto es el arraigo, que exige al menos dos años de estancia en España y encajar en alguna de sus cinco modalidades: social, laboral, familiar, para la formación o de segunda oportunidad. Quien no cumple ninguna queda en situación irregular y sin forma de regularizarse.
Ndiaye, que documenta la ruta en su serie Sur les traces du migrant, recuerda además que no todos los que salen de su país son senegaleses: “Hay migrantes de otras nacionalidades: malienses, guineanos, marfileños, cameruneses o nigerinos, que vienen a Senegal para intentar el viaje”.
Canarias, puerta de entrada
Según Frontex, los malienses son el cuarto grupo entre las personas llegadas a Canarias en lo que va de año, por detrás de senegaleses, marroquíes y gambianos. Entre enero y mayo de 2026, Santa Cruz de Tenerife fue la quinta provincia de España con más solicitudes de protección internacional, con 1.521, y el conjunto de Canarias sumó 2.494.
Mientras esperan una respuesta, muchos pasan semanas en centros de acogida sin poder trabajar, porque para hacerlo necesitan un estatus que todavía no tienen. Ndiaye asegura que lo escucha a menudo de aquellos que se encuentran dentro: “Marie, no hacemos nada. Estamos desesperados”. Para muchos es más duro aún porque dejaron en su país una familia que espera su ayuda.
En busca de otras medidas
Que casi todos los malienses obtengan protección no es una ventaja, sino el reflejo de un país desangrado: familias que huyen de los ataques, carreteras cortadas y una capital asediada. La protección responde a ese sufrimiento, pero deja una paradoja difícil de sostener: hoy, para un migrante de origen africano que toma la ruta canaria, la forma más segura de quedarse en España es venir de un país en conflicto bélico.
Las dos voces consultadas coinciden en que la salida debería pasar por otro camino. Pérez defiende “trabajar en cooperación a largo plazo con los países africanos”, con migración circular y cupos anuales de trabajo pactados con los países de origen.
Por otro lado, Ndiaye reclama empleo y perspectivas en origen, vías legales para migrar y más flexibilidad en la concesión de visados, porque muchos de los que suben a un cayuco ya vieron rechazada su solicitud.
Para el profesor de la ULPGC, la experiencia ya ha dado la respuesta: “La historia demuestra que las políticas solo represoras y de seguridad no funcionan, que la gente va a seguir viniendo y se va a morir”.
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