Un total de 1.019 menores han sido reubicados desde Canarias, Ceuta y Melilla en otras comunidades autónomas, ya sea por el cambio legal impulsado por el Gobierno o por la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a trasladar a solicitantes de asilo desde las islas.
Así lo ha detallado este miércoles el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tras presidir en Ceuta una reunión de coordinación sobre la reubicación de menores no acompañados.
Reforma legal y sentencia
La cifra total incluye 579 menores trasladados por la reforma de la ley de extranjería y 440 solicitantes de asilo derivados por orden del Tribunal Supremo a recursos del Estado en otros territorios.
Torres ha confiado en que el sistema de reparto sea “permanente, gobierne quien gobierne”, y ha defendido que se trata de una medida “de justicia” para evitar el hacinamiento.
Reparto por territorios
Del total, 642 menores han sido reubicados desde Canarias, 320 desde Ceuta y 57 desde Melilla, según los datos aportados por el ministro.
En la reunión participaron también los delegados del Gobierno en Ceuta, Canarias y Melilla, y el ministro aseguró que el proceso se ha desarrollado “con normalidad”, aunque reconoció la oposición de algunas comunidades autónomas.
Mecanismo exprés
Torres explicó que existen distintas velocidades en la tramitación: en Ceuta se ha alcanzado un 71,42 % de reubicaciones, en Melilla el 86,36 % y en Canarias el 30,10 %. En las islas se han iniciado 1.047 expedientes, frente a 448 en Ceuta y 66 en Melilla.
El ministro anunció que los menores que sigan llegando serán trasladados mediante un “mecanismo exprés”, con el objetivo de que en marzo los tres territorios dejen de estar en situación de contingencia migratoria.
Asimismo, avanzó que la próxima reunión de seguimiento se celebrará en Melilla el próximo mes.
Críticas políticas
Torres calificó la reubicación de más de 1.000 menores como un “éxito de los derechos humanos” y pidió a quienes se oponen que reflexionen.
En este sentido, aludió al PP y Vox, y señaló a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por —según afirmó— facilitar plazas a menores procedentes de Ucrania pero poner ahora “impedimentos técnicos y jurídicos” cuando llegan de otros países.