El bono social térmico lo sacó adelante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con el objetivo de compensar los gastos de los consumidores más vulnerables por el uso de la calefacción, el agua caliente o la cocina. Una ayuda que han recibido ahora 2.053 canarios que se unen a quienes ya se beneficiaron de la misma subvención hace un año.
Se trata de un dinero correspondiente al ejercicio de 2020, un momento en el que la situación de las personas en riesgo de pobreza se acrecentó debido a la crisis económica que acarreó el emergencia sanitaria de la COVID-19. Los beneficiarios lo acabaron recibiendo en noviembre de 2022, pero este verano el nuevo Ejecutivo detectó un inconveniente.
Compañías eléctricas
El pasado mes de agosto, el director general de Servicios Sociales indicó a la titular del Área que todas las personas a las que se destinó la partida de 1.485.369,87 euros eran clientes de ‘Energía Endesa XXI’.
El problema no radicaba ahí exactamente, sino en que tras llevar a cabo algunos contactos, se percató de que personas también necesitadas de la ayuda que tienen contratado a Curenergía, Naturgy, Baser Comercializadora y Regsiti no formaban parte de los beneficiarios.
La partida
Ante esta realidad, se ha tomado la decisión desde el Ejecutivo de destinar 116.594,31 euros para complementar la ayuda. Así lo ha publicado este lunes la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). El texto viene acompañado por un anexo donde quienes lo hayan solicitado pueden comprobar si están entre los seleccionados.
En caso de que la persona que lo consulte vea que está su nombre, cuenta con 10 días hábiles para rellenar un cuestionarios habilitado por el Ejecutivo para indicar cuál es su dirección de cuenta bancaria (IBAN) con el fin de que puedan recibir el dinero.
Los beneficiarios
El texto, firmado por la consejera del Área, Candelaria Delgado, acompaña un documento donde figuran quienes recibirán el dinero junto a la cantidad de cada uno. La cuantía más baja que aparece es de 35 euros y la más alta asciende a los 132,67 euros. Eso sí, la cantidad mínima estipulada es de 25.
En 2020 se decidió que el pago lo deberían realizar las comunidades autónomas a los beneficiarios y comunicárselo “en la forma que estimen conveniente, de acuerdo a sus procedimientos, organización y el colectivo de beneficiarios, garantizando en todo caso la posibilidad de renuncia a la ayuda por parte de los beneficiarios que así lo soliciten”.