El pasado junio de 2021 más de medio centenar de viviendas situadas en las localidades de El Faro y Puntalarga, en el municipio palmero de Fuencaliente, recibieron una orden de desalojo forzoso por parte del Servicio Provincial de Costas para el derribo inminente de sus viviendas. Según la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas son cerca de 300 personas los perjudicado por esta situación, en unas zonas que, defienden, es un núcleo poblacional urbano consolidado.Ya en 2005 los vecinos recibieron una carta con las mismas condiciones. Una parte de ellos desistieron de seguir el proceso judicial con recursos y demolieron sus casas, pero otro grupo de afectados decidió seguir la vía judicial para proteger sus viviendas. Finalmente, en 2013 el Tribunal Supremo rechazó la reclamación de los vecinos.Ante la situación reciente La Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas ha anunciado este viernes que han interpuesto diferentes acciones judiciales en los juzgados de los contencioso para proteger las viviendas. Defienden que “después de 15 años desde que recibieron la primera resolución de desalojo hasta ahora ya ha transcurrido el plazo suficiente para que esa acción haya prescrito”, ha explicado el letrado y presidente de la plataforma, José Luis Langa González.
Una comisión mixta que nunca actuó
Según defienden, ya en 2016 llegaron a un acuerdo con el ejecutivo regional para crear una comisión mixta donde estuvieran presentes el Gobierno de Canarias, la Federación Canaria de Municipios (Fecam), la Federación Canaria de Islas (Fecai) y la propia asociación buscando “evitar precisamente que se produjera esta situación”, informan.La comisión debía seguir tres líneas de actuaciones: Regularizar el mayor número de edificaciones anteriores a 1988 (año en el que entre en vigor la Ley de Costas), tener la gestión integral del litoral y, por último, cuando fuera necesaria por fuerza mayor la demolición de edificios de dominio público o servidumbre de protección, que a los afectados se les habilitaran suelos próximos a estos lugares donde se pudiera vivir y edificar. “Ninguna de las tres cosas, hasta el día de hoy, se han hecho”, critica el letrado.[caption id="attachment_128178" align="alignnone" width="2560"]
El presidente de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas, José Luis Langa González.[/caption]