La llegada de menores migrantes a Canarias, mientras el pacto para repartirlos por otras comunidades va dando tumbos, satura los servicios del Archipiélago. A estas alturas nadie es ajeno al problema, pero tampoco se puede obviar que son personas que se juegan la vida en el mar en busca de una vida mejor.
Muchos huyen de situaciones duras y tienen la posibilidad de pedir protección internacional. Es lo que han hecho, al menos, 318 jóvenes que aún no habían alcanzado la mayoría de edad al arribar a las Islas. Las cifras fueron facilitadas el pasado 14 de noviembre por el Gobierno de España en una respuesta parlamentaria.
Tratamiento diferenciado
La contestación iba dirigida al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, quien se había interesado por la acogida de menores no acompañados en Canarias. El número corresponde a casos entre 2019 y 2023 —son los más recientes de los que hay registros en el Ministerio del Interior—, por lo que es posible que existan otros del año pasado.
La Policía Nacional recoge en su página web que, entre los solicitantes de protección internacional, se dará un tratamiento diferenciado a los menores no acompañados, a las personas con discapacidad o las mujeres embarazadas. En el caso de los niños o adolescentes, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal.
Papel de la Fiscalía
La Fiscalía será la encargada de determinar la edad del menor si existieran dudas. Lo lleva a cabo mediante colaboración con las instituciones sanitarias oportunas que, con carácter prioritario y urgente, realizan las pruebas científicas necesarias.
“La negativa a someterse a tal reconocimiento médico no impedirá que se dicte resolución sobre la solicitud de protección internacional”, señala el cuerpo de seguridad. Pero la cosa no queda ahí porque “de forma inmediata” se le asignará un representante que actúe en su nombre.
Requisitos
Los actos por los que se puede acceder a la protección internacional deben ser suficientemente graves por su naturaleza o carácter reiterado como para constituir una violación grave de los derechos humanos o, si no, deben tratarse de una acumulación lo suficientemente grave de varias medidas.
El año en el que más menores lo pidieron en el Archipiélago fue 2019 llegando a las 98 solicitudes. El siguiente en el ranquin es el 2022, cuando hubo 94 peticiones. En 2020, el año de la pandemia, la cifra cayó a 45, mientras que en 2021 repuntó a 50. Por último, en 2023 hubo 31 solicitudes de protección internacional.
Colapso
La Policía Nacional resalta que “los menores solicitantes de protección internacional que hayan sido víctimas de cualquier forma de abuso, negligencia, explotación, tortura, trato cruel, inhumano, o degradante, o que hayan sido víctimas de conflictos armados recibirán la asistencia sanitaria y psicológica adecuada y la asistencia cualificada que precisen”.
Una de las noticias más llamativas de esta semana es que el colapso en la acogida de menores ha obligado a Canarias a prorrogar otra vez la emergencia para garantizar precisamente su protección.
"Dando la cara"
El portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello (CC), recalcó en rueda de prensa este lunes que "Canarias sigue dando la cara" en materia migratoria y ha acusado al Estado de seguir sin aportar soluciones y "sin hacer nada".
Cabello recordó que el Gobierno autonómico sigue a la espera de que el Ejecutivo central resuelva las cuestiones pendientes del acuerdo propuesto desde las islas para el reparto de hasta 4.000 menores inmigrantes y que se iban a "resolver en 10 o 15 días" pero se "sigue sin respuesta".