Trib.- #Condenan a #Zerolo a siete años de #cárcel por el 'caso Las #Teresitas' https://t.co/6OAPS0Oooq
— actualidad_feed_1 (@act_feed_1) 27 de abril de 2017
El caso de Las Teresitas, una operación de compraventa del frente de la playa de ese nombre de Santa Cruz de Tenerife, fue "un plan urdido" por políticos, funcionarios y empresarios que supuso un beneficio de más de 100 millones de euros a costa del Ayuntamiento, según la sentencia conocida hoy, que condena a seis de los trece acusados a penas que suman 33 años de prisión.
El principal encausado es el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo, de Coalición Canaria, quien ha sido condenado por la sección segunda de la Audiencia Provincial a siete años de cárcel por malversación y prevaricación, los mismos que para el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo.
Los dos empresarios involucrados, Antonio Plasencia, expresidente de la patronal de la construcción provincial (Fepeco), e Ignacio González, expresidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, han sido condenados a cinco años y seis meses, mientras que los entonces funcionarios de la Gerencia de Urbanismo José Tomás Martín y Víctor Reyes deberán cumplir cuatro años y medio el primero y cuatro años el segundo.
En la imagen Antonio Plasencia e Ignacio González | EF
Los acusados deberán indemnizar al Ayuntamiento con 52,5 millones de euros por la operación de compraventa del frente de playa y por 9,1 millones por la plusvalía generada por la recalificación de las propiedades privadas de la parte trasera, más los correspondientes intereses.
El tribunal considera que el convenio de compraventa del frente de playa "encarna el resultado de la actuación arbitraria, contraria a la legalidad y al interés público" llevada a cabo por Zerolo, Parejo, Reyes y Martín, que cometieron "delitos de prevaricación y malversación en una actuación concertada" en la que también participaron los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia.
En concreto, sobre el exalcalde Zerolo, la sentencia afirma que era conocedor de la manipulación del precio de compra y que hay indicios de su papel directivo en la operación.
Según la sentencia, de 167 páginas, los dos empresarios adquirieron en 1998 los terrenos del frente y de la trasera de la playa de Las Teresitas por 33 millones de euros, con un préstamo de CajaCanarias cuestionado por el Banco de España y otorgado "en condiciones extraordinariamente llamativas".
El crédito era el más elevado de la historia de CajaCanarias y se concedió sin estudios previos a la sociedad Inversiones Las Teresitas, propiedad de los dos empresarios, uno de ellos, Ignacio González, consejero de la entidad de ahorro.
20 millones
Una parte de esos terrenos, once parcelas del frente de playa con un valor de mercado de unos 20 millones de euros, fue adquirida por el Ayuntamiento en 2001 por 52,5 millones, mediante un convenio en el que además se trasladaba el aprovechamiento urbanístico a las parcelas de la trasera de la playa, que quedaron en manos de los dos empresarios y que fueron vendidas posteriormente por 90 millones.
La transferencia del aprovechamiento urbanístico y el cambio de uso de parte del suelo privado se realizaron "a título gratuito, a costa del interés público y sin contraprestación de ninguna clase", según la sentencia.
En el expediente del convenio urbanístico fueron omitidos tres informes de tasación emitidos por la Universidad Carlos III, la arquitecta municipal Pía Oramas y por la empresa Pool Gest, que valoraban los terrenos en torno a 20 millones de euros.
Solo se incluyó la "valoración mutilada" de Sociedad de Tasación, por 47 millones de euros, así como un informe de Tinsa que lo elevaba hasta 60 millones.
El Ayuntamiento tuvo que hacer una modificación presupuestaria para que la gerencia de Urbanismo pudiera hacer frente al pago de los 52,5 millones de euros.
Según la sentencia, los acusados consiguieron todos los informes favorables para tramitar el convenio, que fue aprobado por unanimidad de los grupos políticos.
Votación
Sin embargo, "no consta que los concejales que votaron favorablemente", con la excepción de Zerolo y Parejo, "fueran conocedores o partícipes del plan urdido, pues obraron en consonancia con los informes técnicos y jurídicos que acompañaban al expediente".
Por esta razón, han sido absueltos los exportavoces del PSOE Emilio Fresco y del PP José Emilio García Gómez.
La compraventa de las once parcelas del frente de playa fue anulada por el Tribunal Supremo en mayo de 2017 por las irregularidades en los informes de valoración.
El tribunal ha estado presidido por Joaquín Astor Landete, presidente de la Audiencia Provincial, con Jaime Requena como ponente y Fernando Paredes como tercer magistrado.
El caso de Las Teresitas se tramita desde enero de 2007, cuando se presentó la querella por parte de la fiscal anticorrupción María Farnés Martínez, y quedó visto para sentencia el 13 de diciembre de 2016, después de tres meses de vista oral