En el CEIP José Pérez y Pérez, en el barrio de La Feria, ir a clase no siempre depende solo de tener mochila, libros o ganas de aprender. Para algunas alumnas con movilidad reducida, llegar a su aula depende de que funcione un montacargas que lleva años dando problemas. Y cuando se rompe, como ocurre con frecuencia, son sus madres quienes terminan subiéndolas en brazos por las escaleras, junto a sus sillas.

Cristina Alejandro Batista y Carolina Karsties, madres de dos alumnas afectadas, denuncian una situación que consideran insostenible en un centro que, además, es preferente motórico. Es decir, un colegio que debe estar preparado para atender a alumnado con discapacidad motora y garantizar que pueda moverse por sus instalaciones en igualdad de condiciones. “Reivindicamos un ascensor en condiciones para que el alumnado tenga una educación inclusiva y accesible”, resume Alejandro Batista.

Un montacargas obsoleto

Según explica Karsties, el centro cuenta desde hace unos 20 años con un montacargas que, aseguran las familias, lleva al menos 15 años fallando. “Semana sí, semana también falla”, lamenta. El aparato está obsoleto, ya no resulta fácil encontrar piezas para repararlo y las familias dudan de que pueda seguir garantizando la seguridad del alumnado.

La preocupación aumentó la semana pasada, cuando, según relata Alejandro Batista, su hija Marta se quedó atrapada durante unos 15 minutos en el montacargas junto a su auxiliar, entre dos plantas. El aparato, que supuestamente había sido reparado, volvió a fallar poco después. “Vivimos con miedo por la inseguridad deseando que no suceda nada”, señala una de las madres.

Sin aulas accesibles 

El problema se agrava por el propio diseño del edificio. Las madres explican que no hay aulas ni baños adaptados a pie de calle, por lo que el ascensor no es una comodidad, sino una necesidad básica para que el alumnado pueda asistir a clase, ir al comedor, bajar al recreo o participar en las actividades del centro con normalidad.

Cuando el montacargas se avería, las opciones son pocas. Las alumnas pueden quedarse apartadas de su grupo o depender de que alguien las suba y las baje por las escaleras. “Ayer mismo las dos tuvimos que subir y bajar las escaleras con las niñas y sus sillas”, relata Alejandro Batista. Lo hacen, insiste, no porque sea la solución, sino porque quieren que sus hijas estén en sus aulas, con sus compañeros.

Un centro preferente motórico

Las familias recalcan que el CEIP José Pérez y Pérez no es un colegio cualquiera en esta materia. Al ser preferente motórico, debería contar con las condiciones necesarias para que el alumnado con movilidad reducida pueda acceder a todos los espacios sin barreras. 

Además, advierten que el problema no afecta solo a sus hijas, sino a otras personas del centro, ya que puede condicionar a alumnado que use andador o muletas, además de a quien llegue al centro en próximos cursos. “En septiembre pueden venir tres niños más en silla y ya son tres familias más afectadas”, apunta Alejandro Batista.

Una solución que no llega

Las madres explican que el AMPA ya impulsó hace dos años una recogida de firmas para reclamar la instalación de un ascensor. Según les trasladaron, el nuevo ascensor debía colocarse el verano pasado, pero la licitación falló porque la empresa adjudicataria desapareció, por lo que el procedimiento tendría que empezar de nuevo.

Karsties y Alejandro Batista aseguran que la Consejería de Educación es la encargada de instalar el ascensor, mientras que el Ayuntamiento asume el mantenimiento del montacargas actual. Sin embargo, las familias sienten que el problema sigue sin resolverse. “Están entre unos y otros echándose las culpas. Seguimos en la misma situación”, critica.

Educación inclusiva y accesible

El temor de las familias es que el curso termine sin una solución real y que en septiembre todo vuelva a empezar igual. Recuerdan que el año pasado ya confiaban en que el ascensor estaría instalado durante el verano, pero el curso comenzó y, apenas una semana después, el montacargas volvió a romperse.

Por eso piden fechas, explicaciones y un compromiso claro. No quieren parches ni reparaciones temporales de un aparato que consideran inseguro y obsoleto. Reclaman un ascensor en condiciones, adaptado a las necesidades de un centro preferente motórico y capaz de garantizar que ninguna alumna tenga que depender de que su madre la cargue en brazos para poder ir a clase.

Para Cristina y Carolina, lo que está en juego va más allá de una avería. Hablan de derechos, de igualdad y de una educación que no puede quedarse solo en el papel. “No es solo que los niños estén matriculados en un colegio motórico”, señalan, sino que ese colegio “cumpla con las condiciones que tiene que tener” para que puedan participar en todas las actividades como cualquier otro alumno.