El Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) ha contactado con el Ayuntamiento de Granadilla de Abona para recabar información sobre el desahucio de una vecina de 54 años, previsto para este viernes 25 de septiembre a las 10:00 horas. El Gobierno de Canarias ha explicado a Atlántico Hoy que conoció el caso a través de los medios y que hasta entonces no había recibido información directa.
El Sindicato de Inquilinas de Tenerife ha pedido a ambas administraciones que eviten el lanzamiento y garanticen una alternativa habitacional a la mujer. Según la organización, padece un cáncer terminal, se encuentra en tratamiento de quimioterapia, depende de ayudas públicas y tiene reconocida una dependencia de grado 2.
Sin alternativa habitacional
El sindicato sostiene que la afectada no ha conseguido acceder a otra vivienda porque carece de nómina y contrato de trabajo. Afirma que se le ha exigido acreditar ingresos laborales incluso para alquilar una habitación y que, por el momento, no tiene garantizada una alternativa si pierde su casa.
Una trabajadora social ha presentado un escrito ante el juzgado para solicitar que se aplace el lanzamiento, según la información difundida por la organización. El sindicato considera que disponer de unos días más no resolvería el problema de vivienda de la afectada.
Evitar el desahucio
Por su parte, el Gobierno canario señala que está a la espera de recibir información del Ayuntamiento para estudiar el caso. Si, tras analizarla, procede intervenir, el ICAVI trasladaría la documentación al juzgado para intentar paralizar el lanzamiento. También estudiaría la posibilidad de incluir a la mujer en el programa Canarias Pro-Hogar, dirigido a ofrecer soluciones habitacionales a personas en situación de especial vulnerabilidad.
El Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha señalado a Atlántico Hoy que, a través de Servicios Sociales, está apoyando a la afectada y que trabaja junto con el Instituto Canario de la Vivienda para intentar suspender el desahucio por tercera vez. El consistorio precisa que la vivienda es propiedad de un particular. Por ahora, no ha confirmado que el juzgado haya acordado un nuevo aplazamiento ni ha detallado qué alternativa habitacional se contempla.
El caso se produce en un contexto en el que Canarias registró 103 lanzamientos judiciales en el primer trimestre de 2026, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. En el conjunto de 2025 se practicaron 1.426 lanzamientos en el Archipiélago, una media cercana a cuatro al día.
Movilizaciones
El Sindicato de Inquilinas de Tenerife ha convocado una concentración este jueves a las 18:00 horas ante la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife para protestar por el desahucio y reclamar medidas que garanticen el acceso a la vivienda.
Su portavoz, David González, ha llamado a participar en la movilización y ha reclamado la regulación de los alquileres y medidas para limitar sus precios. También ha criticado las políticas de vivienda del Gobierno central y del Ejecutivo canario, a los que acusa de favorecer un modelo especulativo.
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