La Asociación Oportunidades de Vida atraviesa un momento complicado. La entidad ha puesto en marcha un despido colectivo después de registrar 405.000 euros en pérdidas. Todo ocurre en medio de un proceso judicial que investiga la presunta explotación de menores migrantes por parte de Rafael Hernández —uno de sus representantes—.

Desde el pasado 30 de abril, la empresa ha notificado a varios de sus trabajadores —unos 50 según ha podido saber Atlántico Hoy— que estaban despedidos a causa de un expediente de regulación de empleo (ERE). La decisión se fundamenta, según recoge el documento consultado por este periódico, en causas económicas y productivas.

Cierre del centro Tagoror

La ONG argumenta que el 12 de agosto de 2024 se decretó, por parte de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, el cierre y la suspensión de la actividad del centro Tagoror —en el barrio de El Fondillo—, donde se alojaban más de 100 menores migrantes no acompañados. La instalación representaba más del 90% de la actividad de la entidad. 

El motivo de la suspensión de la actividad por parte del Ejecutivo es la existencia de un procedimiento penal ante el Juzgado de Instrucción nº3 de Las Palmas de Gran Canaria. “Como efecto inmediato, se ha eliminado el mayor ingreso de esta asociación, el pago mensual por la custodia de los menores”, recoge.

ERTE

Indica que, como tenían la expectativa de que el procedimiento penal se resolviera pronto, pidieron un ERTE de fuerza mayor que les fue denegado. Por lo tanto, indica, se vieron obligados a solicitar otro por causas económicas, técnicas y organizativas, en el que ha permanecido el personal hasta el momento.

Por lo tanto, “durante todo este tiempo la entidad ha tenido que abonar las cotizaciones sociales de todo el personal, sin contraprestación alguna y con una actividad claramente mermada e imposible para hacer frente a los gastos derivados de la misma”.

"Pérdidas relevantes"

Otro de los motivos para ejecutar el despido colectivo —según el mismo texto— es que Oportunidades de Vida no cuenta con una actividad alternativa para poder reintegrar al personal que se encuentra en situación de ERTE en la actualidad.

La Asociación detalla también que en el ejercicio de 2025 sufrieron “pérdidas relevantes” que llegaron a los 315.502,88 euros como “consecuencia del grave desequilibrio entre ingresos y gastos, especialmente en costes de personal, durante más de un año y medio”, sin actividad suficiente para sufragar las cotizaciones.

"Falta de liquidez"

“Se produce una situación de absoluta falta de liquidez, acreditada por la inexistencia de saldo suficiente para poder sufragarlo, lo cual ha agotado las arcas de la asociación hasta el momento actual”, dice. 

Subraya que está acreditado “por la existencia de saldo suficiente en cuentas corrientes, en números rojos, con cotizaciones sociales aplazadas, deudas con proveedores, bancos y administraciones públicas”.

¿Solvente?

Lo llamativo es que una sentencia de hace unos meses dejó claro que la entidad era solvente después de que una trabajadora pidiera que la entidad se declarara en concurso de acreedores tras impagos en los salarios. El magistrado anuló la prueba porque, antes de la vista, dejó de existir el bloqueo de las cuentas de la entidad.

Además, recientemente recibió una subvención de 40.000 euros por parte de Teodoro Sosa, consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, para contratar a dos personas tituladas que trabajen a jornada completa.

Previsión para 2026

Volviendo a los problemas de la ONG, la carta de despido recoge que “la previsión de resultados de este año es todavía menos halagüeña, en lo que llevamos de año las pérdidas se han incrementado hasta suponer, a fecha de 31 de marzo de 2026, más de 90.000 euros”. 

“Con lo que de persistir la situación actual, incluso se podrían superar este año los resultados negativos del año pasado”, sentencia.