La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunciaba hace unas semanas que el Gobierno de Canarias designara “a dedo” a los miembros de los tribunales calificadores, poniendo en duda la objetividad de las pruebas, preocupados por la falta de transparencia en los procesos selectivos de la Policía Canaria y de las policías locales del Archipiélago. 

Ahora, el periódico Canarias Ahora publica que un colectivo de opositores a la Policía Canaria ha recabado mensajes en grupos de WhatsApp, publicaciones en redes sociales y hasta el audio de una de sus clase para demostrar que el presidente del tribunal calificador, el inspector Ángel Níchel Acosta, formó a aspirantes a ingresar en el cuerpo en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria y que, por tanto, incumplió su deber de abstención cuando fue elegido.

Denuncia en la Fiscalía Anticorrupción

Una denuncia anónima presentada la semana pasada en la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas recoge estas presuntas irregularidades, y el Ministerio Público ha abierto diligencias para investigar los hechos. Las bases de la convocatoria —que ofertaba 141 plazas— prohíben formar parte del tribunal a quienes hayan preparado opositores en los cinco años previos, debiendo comunicarlo a la Dirección General de Estudios y Formación.

Los opositores sostienen que los mismos funcionarios participan en hasta diez procesos selectivos distintos, lo que para la CSIF genera un sistema “opaco y repetitivo” que mina la confianza. El sindicato exige aclarar los criterios de selección. A su juicio, la actuación del presidente del tribunal supone un conflicto “grave” que podría llevar a la nulidad del proceso de acceso a la Policía Canaria.

Huellas en redes y mensajes

La documentación recopilada, según publica este diario, vincula a Acosta con actividades de formación en 2021, dos años antes de la convocatoria. El inspector de la Policía Canaria dejó rastro de esa actividad en redes sociales y también en grupos de WhatsApp. Acosta aparece vinculado a la academia Forma2, que regenta su pareja y que se ubica en el barrio de Tamaraceite de la capital grancanaria. “Se trata de una academia de clases particulares que nunca ha preparado a opositores de ninguna policía”, contestó a dicho medio el presidente del tribunal calificador. “Desconozco los intereses que puede haber detrás de esa y otras acusaciones sin consistencia”, añadió. 

Su participación quedó reflejada en mensajes y publicaciones. El 31 de julio de 2020 la academia Forma2 publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje: “La próxima semana tendremos disponible el temario de acceso al Cuerpo General de la Policía Canaria, escala básica, convocatoria 2020”. La publicación incorpora la portada del temario, en la que aparece como autor el propio Acosta, y dos números de teléfono, siendo uno de ellos del inspector, informa Canarias Ahora. 

“El temario fue un trabajo que se realizó en 2018-2019, pero que, por diversos motivos, nunca se publicó”, sostiene el presidente del tribunal, que tituló Plan formativo: Dispositivos de control para la unidad operativa móvil del Cuerpo General de la Policía Canaria tu trabajo final del grado de Seguridad y Control de Riesgo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Temario de acceso

En julio de 2020, Forma2 anunció la disponibilidad de un temario de acceso firmado por Acosta, quien asegura que fue elaborado entre 2018 y 2019 y nunca publicado. Ese mismo día, un perfil del club de judo Akari promocionó la academia para preparar las oposiciones, compartiendo el número de teléfono del inspector como contacto.

En 2021 circuló un mensaje atribuido a Acosta ofreciendo clases de supuestos prácticos por 10 euros. Dos semanas antes, un opositor grabó una clase de más de 70 minutos impartida por el inspector. En ese audio, Acosta explica cómo identificar delitos y valorar detenciones, describe la evolución de la prueba y señala la subjetividad del supuesto práctico frente a preguntas tipo test. También facilitó su teléfono para dudas.

Designación y quejas

Acosta fue designado presidente del tribunal en diciembre de 2024, pese a que las bases obligan a abstenerse a quienes formaron aspirantes desde finales de 2018. Los tribunales debían componerse de personal funcionario con titulación adecuada y no mayoritariamente perteneciente al cuerpo objeto de selección.

Tras la celebración del supuesto práctico en septiembre, un grupo de aspirantes denuncia una cadena de irregularidades en el test, la prueba práctica, las correcciones y el rechazo masivo de alegaciones. La denuncia anónima enviada a Fiscalía recoge acusaciones de favoritismo y corrupción, describiendo vínculos personales y jerárquicos entre tribunal, mandos policiales y aspirantes.

La incorporación de los nuevos agentes, prevista para finales de noviembre, se ha retrasado.