Los establecimientos ortopédicos de Canarias tienen razones para la esperanza. Después de que algunos hayan tenido que cerrar —como publicó este periódico—, todo apunta a que los pagos por parte del Servicio Canario de la Salud (SCS) se han agilizado y el presupuesto para cubrir la ayuda a los pacientes ha incrementado en los últimos años.

Las ortopedias han atravesado situaciones complicadas en los últimos tiempos después de que, durante dos o tres meses al año, se acabara el presupuesto que el Gobierno autonómico destinaba a cubrir el gasto de —por ejemplo— las sillas de ruedas o prótesis. Un dinero que debía aportar el negocio y después ingresarlo de la administración.

Presupuesto

Pedro Alonso, responsable de gestión de la Federación Española de Ortesistas y Protesistas (Fedop), asegura que el presupuesto se empezó a ajustar en 2021 y pasó a ser de unos 5,8 millones de euros. Un año más tarde llegó la actualización del catálogo de prestaciones ortopédicas del Ministerio de Sanidad después de 25 años sin cambiar.

El catálogo modernizaba los productos, incorporaba nuevas tecnologías y actualizaba los importes de financiación. El problema está en que el presupuesto no se incrementó lo suficiente a pesar de ascender hasta los 7,2 millones de euros. Eso sí, en aquel momento ya empezó a aplicarse una novedad con el objetivo de agilizar el proceso.

Forma de pago

Hasta entonces, el procedimiento era más rudimentario: el usuario acudía a la ortopedia, pagaba el producto de su bolsillo y después presentaba la factura al SCS para solicitar el reembolso. Pero tras una orden de 2019, en el 2022 se implantó el sistema de pago directo a las ortopedias —sin que el paciente tuviera que adelantar ni un solo euro—.

Alonso explica que, a raíz de ahí, muchas personas que antes no podían asumir el coste empezaron a acceder a prestaciones que ya tenían prescritas por un especialista. Por eso el gasto real comenzó a reflejarse de verdad. Pasó el tiempo y la inversión pasó a ser de 11,2 millones de euros en el 2024. Tanto ese año como el siguiente, hubo problemas.

Ampliar presupuesto

Aunque fueron puntuales, causaron perjuicios en algunos negocios al acumularse retrasos entre septiembre y diciembre. El responsable de gestión de la Fedop subraya que, pese a ello, el SCS realizó ampliaciones presupuestarias con rapidez y, según la información trasladada por las propias ortopedias, la deuda quedó prácticamente saldada al finalizar el año.

Puso sobre la mesa que, pese a que puedan darse retrasos puntuales o expedientes concretos con incidencias administrativas, el problema estructural de falta de pago ya no existe. “La previsión es que durante 2026 el sistema quede completamente estabilizado”, afirma Alonso.

Las complicaciones

Admite que durante 2023 y 2024 hubo retrasos, denegaciones, requerimientos y complicaciones administrativas. “Algunas ortopedias incluso tuvieron que cerrar, pero tanto el Servicio Canario de la Salud como los establecimientos ortopédicos hicieron un esfuerzo importante para adaptarse y corregir los problemas”, añade.

Asimismo, destaca que la situación y la gestión a día de hoy es más eficiente. Asevera que a partir de 2023 hubo reuniones con la Consejería de Sanidad y responsables del Servicio Canario de la Salud para abordar los problemas reales del sector, de donde nacieron dos medidas clave: aumentar el presupuesto y acelerar la digitalización de los procedimientos.

Importes máximos

Por otro lado, reconoce el esfuerzo de las ortopedias por adaptarse a nuevas exigencias administrativas y tecnológicas en tan poco tiempo. Pero la cosa no queda ahí: señala que el principal problema ya no son los servicios autonómicos de salud, sino la legislación nacional.

Se refiere a que el Ministerio de Sanidad fija unos importes máximos de financiación para los productos ortoprotésicos. Ahora bien, se están quedando desfasados por la inflación.

Catálogos

“Desde 2019 hasta hoy el IPC ha aumentado más de un 24%, y si el Ministerio no actualiza esos límites llegará un momento en que determinados productos costarán más que el importe financiado y no podrán dispensarse”, detalla. 

Por otro lado, indica que les preocupa que cada comunidad autónoma esté desarrollando catálogos distintos, generando desigualdades entre ciudadanos según el territorio en el que vivan.