A este acuerdo quisieron dar un impulso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la reunión que mantuvieron el pasado 6 de julio.
Los partidos han conseguido sacar adelante el acuerdo a partir de un documento base redactado por el PP, encargado de esta labor por tratarse del grupo mayoritario en la Cámara baja
Entre otras reformas judiciales, se ha acordado regular la prohibición de las visitas a la cárcel al padre maltratador condenado por parte de los menores en casos de violencia de género.
Una de las propuestas se centra en la reestructuración del sistema de atención social para la identificación, el acompañamiento y la protección de las mujeres que no han interpuesto denuncia.
La acreditación como víctima de maltrato se podrá hacer a través de sentencias que declaren que la mujer ha sufrido cualquiera de las formas de violencia definidas en la ley, orden de protección vigente o resolución judicial que hubiera acordado este tipo de medida, informe del fiscal, atestado policial, informe médico o psicológico o informe de servicios públicos con capacidad de identificar estas situaciones.
Para activar el sistema de acompañamiento de la mujer y evitar su desprotección, han planteado la creación de unidades de apoyo en el ámbito local, regidas por los principios de atención permanente, actuación urgente y especialización en las prestaciones, que estarían a cargo de un equipo multidisciplinar de profesionales.