El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha la Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP) para personas en situación de dependencia, con cuantías máximas de 436, 577,25 y 900 euros al mes según el grado reconocido, y hasta 9.859 euros anuales en los casos de dependencia extrema (Grado III+), en línea con la normativa estatal. 

El objetivo oficial es reforzar derechos y facilitar apoyos para una vida más autónoma, tanto en el domicilio como en el acceso a la educación y al trabajo.Sin embargo, Carmiacu Pérez, miembro de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe) y portavoz de la Asociación en Defensa de las Prestaciones Públicas integrada en Coespe, alerta de que esta ayuda traslada más carga a las familias.

Decreto que da dinero

“Nos obligan a hacer de empresa, a contratar, a justificar cada euro, cuando lo que necesitamos es un servicio público claro y suficiente”, explica a Atlántico Hoy, advirtiendo de que muchas personas seguirán igual de desorientadas en un sistema ya de por sí complejo.

El Decreto ley 3/2023, modificado y publicado en el BOC del 10 de marzo de 2026, regula por primera vez de forma completa la prestación económica de asistencia personal en Canarias. No se crea un servicio nuevo gestionado directamente por la administración, sino una ayuda mensual finalista, es decir, un dinero que sólo se puede destinar a pagar a una persona o entidad que actúe como asistente personal.

Contratación de apoyos

La propia norma define la PEAP como una cuantía mensual para contratar apoyos que faciliten el acceso a la educación, al trabajo y a una vida más autónoma en las actividades básicas diarias. 

Además, abre la opción de combinarla, en el Programa Individual de Atención (PIA), con una prestación vinculada al Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) para quienes tengan el nuevo Grado III+ de dependencia extrema, con necesidad de apoyos intensivos en casa.

Cuentas que no salen

En este sentido, comenta Pérez que el problema reside en el modelo elegido. “No te ponen el servicio; te dan un dinero y te dicen: búsquese a alguien, contrátelo, pague su seguridad social y luego tráigame las facturas”.

El decreto fija en Canarias unas cuantías máximas mensuales de 436 euros para el Grado I, 577,25 euros para el Grado II y 900 euros para el Grado III en la prestación económica de asistencia personal (PEAP), y establece además para las personas con Grado III+ de dependencia extrema una cuantía máxima anual de 9.859 euros, tanto para la prestación vinculada al servicio de ayuda a domicilio como para la propia asistencia personal.

Copagos

“Son los topes, no lo que todo el mundo va a cobrar”, subraya la portavoz de la asociación, añadiendo que, a partir de aquí entra la cuenta que hace cualquiera en casa: salario mínimo, cotización a la Seguridad Social, horas reales de trabajo y demás.

“Si alguien necesita ayuda varias horas al día, ¿quién va a trabajar ocho horas por 900 euros brutos y con todos los papeles en regla? La diferencia la tiene que poner la familia, y muchas no pueden”, señala. Su preocupación se multiplica en casos como la ELA o grandes dependencias, donde el apoyo puede ser casi continuo.

Plazo y obligación de justificar el gasto

La PEAP no sólo es finalista; también está condicionada a la justificación del gasto. El decreto establece que la persona beneficiaria debe acreditar ante la administración que el dinero se ha destinado realmente a la asistencia personal, con contratos y documentos de pago, en los plazos que se indiquen.

Si no se justifica correctamente, destaca Pérez, la Consejería puede suspender el abono de la prestación y reclamar el reintegro de las cantidades percibidas. “Te dan tres meses para encontrar a alguien que acepte trabajar con lo que tú puedes pagar, entre la ayuda y lo que pongas de tu bolsillo. Si en tres meses no consigues a nadie, te pueden llegar a anular la prestación”, expone. 

Compatibilidades 

El mismo decreto modifica la Ley 16/2019 de Servicios Sociales de Canarias para aclarar compatibilidades y establece que el servicio de ayuda a domicilio (SAD) es compatible con la prestación económica de asistencia personal (PEAP), y que esta prestación también puede combinarse con centro de día, servicios de promoción de la autonomía personal y teleasistencia. 

“Eso está bien sobre el papel, porque quiere decir que, si tengo SAD público, puedo además tener un asistente personal”, reconoce Carmiacu Pérez. El problema, advierte, está en lo que no dice: “El decreto habla de compatibilidad con el servicio de ayuda a domicilio, pero no con las ayudas económicas que algunos ayuntamientos quieren dar en lugar del servicio”. 

Asistente personal 

El decreto establece que la asistencia personal se puede prestar mediante contratación directa por la persona beneficiaria o su representante, o a través de personas o entidades habilitadas o acreditadas. Pero no concreta un perfil profesional, ni una formación mínima obligatoria, ni un convenio laboral específico para esta figura.

“En otros sitios lo están resolviendo metiendo a estas personas en el convenio de trabajadoras del hogar”, comenta, “pero el trabajo no es exactamente el mismo y la responsabilidad tampoco, lo que puede terminar en precariedad”.

Sistema complejo 

Más allá de esta prestación concreta, Pérez hace alusión a la complejidad del sistema de dependencia canario, criticando la falta de claridad y concreción. “Hay tantas prestaciones, tanta sigla, tantas compatibilidades e incompatibilidades, que la gente no sabe qué puede pedir”, comenta.

La propia norma autonómica habla de prestaciones económicas vinculadas al servicio, cuidados en el entorno familiar, apoyo a personas cuidadoras no profesionales, asistencia personal, servicios de SAD, centro de día, teleasistencia y promoción de la autonomía, entre otras. “Sobre el terreno, quienes se sientan delante de la trabajadora social lo hacen ya agotados y confundidos”.

Sobrecarga invisible

“Muchas veces es el funcionario que valora es el que dice pide esto o aquello, y la persona se deja llevar porque no entiendes la diferencia”, cuenta. Luego llega la resolución, y aparecen los desajustes, “te dan algo que no es lo que tú necesitabas; por ejemplo, tú necesitas que alguien limpie la casa porque tú no puedes, y te mandan SAD, que no está para limpiar la casa de arriba abajo, sino para tu higiene personal y apoyo básico”.

El resultado es un sistema que, según la portavoz, genera conflictos, frustración y una sobrecarga invisible sobre quienes trabajan y sobre quienes cuidan.

Responsabilidad del cuidado

El decreto insiste en que con esta regulación se mejora la atención, se da seguridad jurídica y se hace un uso “eficiente” de los recursos públicos. Para Carmiacu Pérez, la pregunta es otra: ¿quién está asumiendo realmente la responsabilidad del cuidado?

“Lo que vemos es que se crean más prestaciones económicas, pero el peso de organizar el cuidado recae cada vez más en las personas dependientes y sus familias”, resume. “Nos convierten en una especie de empresa: tenemos que contratar, gestionar, justificar, y, además, pagar lo que falta”.

Servicios públicos

Desde su asociación, la alternativa que plantean es clara y concreta: reforzar servicios públicos directos, con empresas públicas que gestionen el SAD, la asistencia personal y otros apoyos, con equipos formados y condiciones laborales dignas. “Nos tienen que mirar de forma global, ver qué necesitamos, y organizar desde lo público las distintas atenciones, en lugar de darnos varios cheques para que los repartamos entre contratos”, insiste. 

“Somos usuarios de un sistema de dependencia”, concluye, “no empresarios con varios contratos en la mano”.