La Fiscalía de Las Palmas solicita una pena de seis años de prisión para una mujer a la que acusa de urdir una trama para vender una vivienda sin tener ningún derecho dispositivo sobre la propiedad. Los hechos, que se juzgarán la próxima semana en la Audiencia Provincial de Las Palmas, conllevan delitos de estafa agravada y falsedad en documento público.
El gancho del coche
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la actividad ilícita comenzó en mayo de 2021, cuando la acusada anunció en un portal de ventas de segunda mano un vehículo Volvo XC60 por 14.000 euros. Tras recibir 500 euros en concepto de reserva por parte de un interesado, la mujer se apropió del dinero sin realizar gestión alguna.
El engaño principal ocurrió poco después. La acusada contactó con la misma víctima y le dijo que era propietaria de una vivienda en la Avenida Alcalde Ramírez Bethencourt, en Las Palmas de Gran Canaria, tasándola en 200.000 euros. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que la mujer carecía de derechos sobre la finca porque años atrás había cedido su usufructo y no poseía la propiedad.
Falsificación de documentos notariales
Para dar apariencia de legalidad a la operación, M. L. S. S. habría presentado en una notaría una copia manipulada de una escritura pública de 2016. En dicho documento, la acusada presuntamente borró la mención original de "usufructo de dos tercios" e insertó fraudulentamente el término "nuda propiedad".
Con este engaño, logró que la víctima transfiriera 24.500 euros como adelanto antes de formalizar la escritura de compraventa.
¿Por qué una pena tan alta?
El delito de estafa al que apela la Fiscalía viene recogido en el artículo 250.1.1º del Código Penal. La ley española prevé penas más severas (de 1 a 6 años de cárcel) cuando la estafa recae sobre elementos de especial protección social.
En este caso, se aplica la agravante porque el objeto del engaño es una vivienda. El legislador considera que estafar con el acceso a un hogar es mucho más grave que un engaño patrimonial común debido a la importancia del bien, pues tener una casa es un derecho constitucional y un bien de primera necesidad.
El perjuicio causado, además, afecta gravemente al proyecto de vida de la víctima, que suele invertir en ello todos sus ahorros.
Al concurrir esta estafa agravada con un delito de falsedad en documento público (necesario para cometer la estafa), la pena se eleva significativamente, llegando a la petición a seis años de prisión y una multa de diez meses.
Responsabilidad Civil
Además de la pena de cárcel, el Ministerio Fiscal solicita que la acusada indemnice a la víctima con 25.000 euros, correspondientes a las cantidades estafadas (la reserva del vehículo y el adelanto de la casa), más los intereses legales correspondientes.