Canarias hizo autocrítica este miércoles y lanzó un guiño a los profesores que han sufrido algún tipo de violencia en las aulas. Los grupos parlamentarios que dan respaldo al Gobierno autonómico presentaron una proposición de ley que permita reconocer la autoridad de los docentes en el Archipiélago. Todo con el objetivo de darles apoyo ante situaciones conflictivas con los alumnos que se han detectado en los últimos años.

Gerardo Rodríguez, portavoz del sindicato STEC-IC, asegura que tienen constancia de unos 1.000 casos entre las personas que se han atrevido a denunciarlo. “Otros no lo hacen por vergüenza o para no preocupar a sus allegados”, subraya en declaraciones a Atlántico Hoy. Indica que en ningún momento han querido alarmar, pero resalta la importancia de saber que existe el problema —que no es generalizado—.

Pobreza o exclusión

Ahora bien, la pregunta del millón es: ¿por qué ocurre? “Hay que vincularlo a las condiciones también profesionales en donde se desarrolla la función docente”, afirma. Una de las explicaciones son las altas ratios en varias etapas educativas como la ESO o el Bachillerato como queda reflejado en los informes del Consejo Escolar de Canarias. Eso sí, la cosa no queda ahí porque la situación socioeconómica juega un papel importante. 

“Cuando tienes alumnos con familias desestructuradas, porque viven en unas condiciones materiales de penuria en barrios donde escasea el empleo estable más, posibilidades tienes de que exista este tipo de estudiantes con problemas”, reflexiona el representante sindical. Pone sobre la mesa que el hecho de que exista más de un 40% de hogares al borde de la pobreza o la exclusión, es un factor a tener en cuenta.

"Violencia estructural"

Rodríguez asevera que no se pueden desvincular los problemas personales que tienen los alumnos dentro de casa y sus problemas de adaptación —entre los que están incluidos, por ejemplo, aquellos que tienen complicaciones con las habilidades sociales—. “Muchas veces se vive una situación de violencia estructural en el sentido de que la familia no puede dar prioridad a la educación de sus hijos”, dice. 

“A lo mejor resulta que tienen otras prioridades”, destaca, “como pueden ser la vivienda, la alimentación, o el trabajo”. El portavoz de STEC-IC sostiene que los alumnos que crecen en ese tipo de entornos luego lo pueden reflejar en el trato con el profesorado en menosprecios, insultos o ignorando sus instrucciones. “Y en último término, de manera minoritaria, algún tipo de agresión física”, añade.

Acceso a la vivienda

Resalta que hay familias en situaciones precarias sin estabilidad y que el acceso a la vivienda “se ha convertido en una cosa más o menos imposible”, una realidad “que resiente la educación de sus hijos”. No duda en decir que debe ser un trabajo de toda la sociedad en un territorio —como es Canarias— que registra siempre los peores indicadores en pobreza infantil, paro, precariedad laboral, salarios y pensiones.

Insiste en que no buscan magnificar lo que sucede, solo plasmarlo. “Es importante que se sepa que el problema existe y que se debe corregirlo, pero no hay que generar alarmismo ni generalizar como si fuera masivo”, incide. Cree que es fundamental poder resolver los problemas trabajando con seriedad y cierto hermetismo sin crear sensacionalismo en la sociedad”, agrega.

La proposición de ley

La base de la norma anunciada por los grupos que sostienen al Gobierno de Canarias —CC, PP, ASG y AHI— reside en que, si se abre un expediente al darse una situación de conflicto, el profesor podrá contar con presunción de veracidad en lugar de que se trata de la palabra del docente contra la del alumno.

El sindicato ANPE emitió este miércoles un comunicado donde plasmó que “la profesión docente ha experimentado en las últimas décadas una pérdida progresiva de autoridad y reconocimiento social”. “Algo que afecta negativamente a nuestra relación con el alumnado y sus familias y que desalienta nuevas vocaciones”, sentencia. 

“Valoramos que la iniciativa recoja la necesidad de mejorar las condiciones laborales y retributivas de los equipos directivos y del conjunto del profesorado. Hay que tener en cuenta que muchos de los complementos asociados a funciones y cargos llevan años sin actualizarse y que, en algunos casos, ni siquiera se remuneran. Es imprescindible corregir esta situación cuanto antes”, opinaron.