El servicio de Asuntos Internos de la Policía decidió investigar al agente acusado de torturar a un inmigrante y maltratar a otro en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Lanzarote el 1 de enero de 2024 al considerar “graves y de tipo penal” las denuncias trasladadas por sus compañeros.
Así lo ha declarado un jefe de uno de los grupos de la citada unidad policial ante la Audiencia de Las Palmas durante el juicio celebrado este martes contra el acusado, que ha asegurado que “nunca” ha tenido “contacto físico con inmigrantes”.
El acusado niega los hechos
Según la versión del procesado, las cosas “no sucedieron como relatan los testigos”, entre ellos las víctimas, tres policías y una intérprete.
En el caso del inmigrante al que supuestamente dio una bofetada mientras lo interrogaba en el cuarto número 15 del CATE para averiguar quién organizó el viaje en patera, tanto el compañero que estaba presente como la intérprete han confirmado lo sucedido ante el tribunal.
Ambos han corroborado que escucharon el golpe, pero el acusado sostiene que únicamente dio una “palmada en el aire” porque el inmigrante “se estaba quedando medio dormido”. Respecto a la segunda víctima, que asegura haber recibido golpes en la cara y patadas, el procesado ha defendido que esos testimonios no tienen “ninguna lógica”.
Petición de tres años de cárcel
El fiscal Jorge Pobre no ha dado credibilidad a la versión del acusado y ha solicitado una condena de tres años de prisión y 13 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
El Ministerio Público considera que la prueba practicada es “contundente” y ha pedido que se tenga en cuenta la grabación de las declaraciones de las víctimas ante el juzgado de Arrecife.
Delitos de tortura y maltrato
Según el fiscal, existe prueba directa, como el testimonio del otro policía que estaba en el cuarto, quien identificó el sonido como un bofetón y vio cómo el inmigrante se llevaba las manos a la cara. Estas declaraciones coincidirían, además, con lo comunicado por agentes del CATE a Asuntos Internos, que trasladó la investigación al juzgado.
El fiscal ha explicado que no incluyó en su escrito a un tercer inmigrante presuntamente agredido porque no pudo declarar al encontrarse en Francia. Ha insistido en que concurren los supuestos del delito de tortura, al haberse causado sufrimiento con el objetivo de obtener información aprovechando su condición de agente.
La defensa cuestiona la investigación
La defensa ha restado validez a las grabaciones de las víctimas al no haber podido intervenir en su declaración, ya que se realizaron antes de la detención del acusado en marzo de 2024. También ha señalado que la investigación fue declarada secreta, aunque —según sostiene— no consta ningún auto que lo determine.
Sobre el delito de tortura, el abogado ha planteado con qué versión se quedará el tribunal, ya que el inmigrante habló de dos bofetadas mientras que la intérprete y el policía ofrecieron otro relato. Asimismo, ha argumentado que la descripción física del presunto agresor —barba y complexión gruesa— no coincide con el acusado.
La defensa ha subrayado que no existen partes médicos en la causa y ha acusado al Ministerio Fiscal de haber “escalado la gravedad” para lograr una condena. En su opinión, en todo caso podría tratarse de un delito leve de maltrato de obra con agravante de abuso de superioridad, pero no de tortura, ya que —según afirmó— “no existe menoscabo de la integridad moral”.