El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha reiterado este martes la necesidad de que el departamento que dirige “deje de ser un obstáculo" y simplifique el planeamiento con una mejor coordinación con cabildos y municipios. De esta manera se ha pronunciado el consejero tras presidir la reunión de la Comisión Autonómica de Informe Único en Santa Cruz de Tenerife, en su primera reunión de esta legislatura, en la que se abordaron 18 expedientes de los que sólo uno recibió un informe favorable, ha señalado en un comunicado.
Seis de los expedientes abordados hoy corresponden a dación de cuentas de diferentes sentencias y dos de ellos quedaron sobre la mesa, la modificación del Plan General (PGO) de Las Palmas de Gran Canaria en el ámbito del Cementerio de San Lázaro y la modificación del Plan General de Puntallana en la Vereda Lomo del Pino.
Solo un informe favorable
Solo un expediente recibió informe favorable, el relativo a la modificación de las normas de conservación del sitio de interés científico Barranco del Agua en Puntallana. Otros seis recibieron informe favorable condicionado: en La Oliva, Pájara, Santa Cruz de Tenerife y San Bartolomé de Tirajana, y otros tres no lograron el informe positivo, dos en La Matanza y uno en Arafo.
El consejero del área ha reiterado la necesidad de “reenfocar" las relaciones con los ayuntamientos de las islas a la hora de tramitar su ordenamiento, porque el Gobierno tiene que ser "el principal aliado" de cabildos y ayuntamientos para impulsar su planeamiento. "Somos colaboradores y nuestro objetivo es que logremos para las islas un desarrollo territorial en el que llegar a acuerdos mediante el diálogo sea el principal fin de trabajo”, ha apostillado. El consejero ha recordado que en breve dará comienzo un proceso de análisis y diálogo con corporaciones locales e insulares, colegios profesionales, expertos en planeamiento, colectivos ciudadanos y agentes sociales que lleve a mejorar la Ley del Suelo para profundizar en su filosofía y objetivos, en la simplificación y racionalización de los procedimientos "para que la Ley, efectivamente, no sea un obstáculo sino un medio para facilitar el desarrollo social y económico, mientras se garantiza la protección de los espacios que así lo requieran”.