El Comisionado de Transparencia de Canarias ha instado a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad a aclarar el motivo por el que el informe que rechaza que la capital de Gran Canaria sea declarada como zona tensionada fue elaborado por una entidad privada y no por personal público. Este informe fue elaborado por el Colegio de Economistas y concluyó que Las Palmas de Gran Canaria no podía limitar los precios de los alquileres al considerar que no cumplía los requisitos de la ley.
La reclamación surge de una solicitud de información de la Asociación por la Transparencia en Canarias, que ha publicado la resolución del Comisionado de Transparencia donde le da la razón ante la falta de respuesta por parte de la consejería del motivo por el cuál el informe no fue elaborado por medios propios.
La solicitud
La asociación había solicitado cuatro documentos a la consejería: el informe por el que se rechaza que Las Palmas de Gran Canaria sea zona tensionada, una respuesta a la pregunta de por qué el informe no fue elaborado por personal técnico del Gobierno de Canarias, el convenio con el Colegio de Economistas y un informe de un funcionario que indique que ese informe no puede elaborarse por medios propios de la consejería.
La solicitud se realizó el 3 de agosto, pero la asociación no obtuvo respuesta en el mes establecido para ello. Esto llevó a que en septiembre acudieran al Comisionado de Transparencia para poder obtener a través de esta vía la información. El comisionado considera que los cuatro documentos son puramente administrativos y que de los informes de los funcionarios, “de existir”, estaría sujeto a la ley de Transparencia.
De los cuatro documentos, la asociación solo recibió dos, el informe y el convenio, pero no la información relativa a por qué los funcionarios de la Comunidad Autónoma no pudieron elaborar la documentación.
La resolución
Por ello, desde el comisionado han instado a la consejería a remitir la información de los informes “siempre que esa documentación exista”, ya que el derecho de acceso a la información solo permite obtener la documentación que ya existe y no faculta para exigir que se realicen informes “a posteriori”. Por ello indica el comisionado que en caso de que ese informe del funcionario no exista, se debe indicar.
El informe del Colegio de Economistas analizó la situación de Las Palmas de Gran Canaria en base a los supuestos para la declaración de la capital como zona tensionada, concluyendo que no se daban las conclusiones recogidas por la ley de Vivienda para establecer límites a los precios del alquiler, después de que el ayuntamiento lo solicitara.