El Gobierno de Canarias y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF han alcanzado un preacuerdo sobre el crédito horario sindical que pretende actualizar y homogeneizar los criterios para el ejercicio de la representación de los empleados públicos de la comunidad autónoma.
El texto, que también contempla un nuevo marco para otros derechos sindicales, será trasladado ahora a la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos para su estudio y debate. En caso de aprobarse, tendrá que ser posteriormente elevado al Consejo de Gobierno.
Un marco común
La propuesta plantea que la regulación se aplique al conjunto de la Administración Pública de Canarias, con independencia del vínculo de los empleados públicos, ya sean funcionarios, laborales o estatutarios.
El ámbito previsto incluye la Administración General, Justicia, Educación y Sanidad, de manera que los criterios sobre el crédito horario sindical puedan quedar unificados en los distintos sectores de la Administración autonómica.
El borrador ha sido refrendado este viernes, 2 de octubre, en un acto celebrado en la Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, con la participación del presidente de Canarias, Fernando Clavijo; la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto; el consejero de Educación, Poli Suárez, y el director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya.
Por parte de los sindicatos han firmado el documento César Martínez Araque, presidente autonómico de CSIF Canarias; Pedro Costeras Nebreda, coordinador del Área Pública de CCOO Canarias, y Francisco Bautista Yanes, secretario general de UGT Servicios Públicos.
Qué cambia con la propuesta
El objetivo del preacuerdo es adaptar los criterios de asignación y utilización del crédito horario a la normativa vigente y a la realidad actual del empleo público, además de aportar mayor claridad y seguridad sobre el uso de estas horas.
Las organizaciones sindicales consideran que disponer de tiempo suficiente resulta necesario para que sus representantes puedan atender las demandas de las plantillas, participar en las negociaciones y trasladar a la Administración los problemas que afectan al personal público.
La propuesta busca al mismo tiempo compatibilizar la actividad sindical con la prestación de los servicios públicos, de forma que el ejercicio de la representación no implique una merma en la atención a la ciudadanía.
Clavijo ha destacado que el acuerdo responde al compromiso adquirido para avanzar hacia una representación sindical con capacidad para desarrollar sus funciones. "Una representación sindical fuerte es clave para una Administración más eficaz y eficiente", señaló el presidente, que también consideró la medida una inversión en calidad democrática.
Pendiente de aprobación
La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, ha defendido que la representación de los empleados públicos permite conocer la situación de la Administración, anticipar problemas y buscar soluciones tanto para mejorar las condiciones laborales como la calidad de los servicios.
UGT, CCOO y CSIF sostienen que el crédito horario no debe entenderse únicamente como un recurso para la actividad sindical, sino también como una herramienta para mejorar el funcionamiento de la propia Administración.
Según las organizaciones, una interlocución estable puede facilitar la detección temprana de conflictos, trasladar las necesidades de las plantillas y aprovechar el conocimiento directo de los trabajadores de los servicios públicos.
El preacuerdo supone, por tanto, un primer paso hacia una nueva regulación, pero todavía no constituye la aprobación definitiva del nuevo marco. El siguiente trámite será su negociación en la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos y, posteriormente, su eventual aprobación por el Consejo de Gobierno.
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