El ático de 485 metros cuadrados que la Comunidad de Madrid compró en Chamberí para la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso —y que ahora intenta vender por 6,7 millones de euros— ha reabierto el debate sobre las residencias oficiales de los presidentes autonómicos: quién las tiene, cuánto cuestan y qué transparencia hay sobre ellas. El propio consejero de Presidencia madrileño admitió que "muchos presidentes autonómicos" sí cuentan con una, a diferencia de Ayuso.
Canarias es uno de ellos. El Gobierno tiene dos residencias oficiales —en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife—, además de un tercer inmueble histórico, el Palacete de Vistabella, cedido en 2017 al Cabildo de Tenerife. En diciembre compró un cuarto edificio, Casa Samsó, por adjudicación directa y sin hacer público el precio.
Y hay más: la residencia de Las Palmas lleva más de nueve años sin un contrato de vigilancia en regla, algo que el Consejo Consultivo de Canarias ha llegado a calificar de posible "abuso de derecho o fraude de ley".
La residencia de Las Palmas
La residencia de Ciudad Jardín se compró el 25 de mayo de 1994 por 225 millones de pesetas, según consta en un informe de la Audiencia de Cuentas remitido al Parlamento: unos 1,35 millones de euros, al cambio real. Entre 2007 y 2009, bajo la presidencia de Paulino Rivero, el Gobierno la reformó por 301.285,94 euros, y pagó 11.458,49 euros en estancias del presidente en el Hotel Santa Catalina mientras duraron las obras.
El contrato de seguridad de esta residencia, firmado en 2010, expiró el 30 de noviembre de 2016 y no se renovó en regla hasta 2026, tras licitaciones tumbadas por recursos de empresas de seguridad y un nuevo contrato conjunto de más de 12,7 millones para varios edificios públicos.
Cada factura mensual se pagó mientras tanto mediante expedientes de "revisión de oficio": solo la de enero de 2024 ascendió a 16.501,43 euros, y el Consejo Consultivo advirtió de que repetir ese mecanismo "puede suponer, en su caso, un abuso de derecho o fraude de ley", con posibles responsabilidades administrativas o penales —el mismo patrón se repitió con la limpieza del edificio en enero de 2026.
Sin concurso y sin precio público
El BOC publicó el 19 de diciembre la Orden 957/2025 de la Consejería de Hacienda, que autorizó la compra de Casa Samsó, en la calle Costa y Grijalba, en Santa Cruz de Tenerife, por "adjudicación directa" y "procedimiento de urgencia".
La villa, de 725 metros cuadrados y dentro del conjunto histórico protegido del Barrio de los Hoteles-Pino de Oro, llevaba tiempo en el mercado por 2,8 millones de euros —pero esa cifra es solo el precio de mercado: la orden no revela cuánto pagó realmente el Gobierno.
En febrero de 2026, la Administración adjudicó además un contrato menor de 14.995,95 euros para redactar un proyecto de "reforma y adecuación para cambio de uso" del edificio, pensado en principio para la Viceconsejería de Cultura. El trámite no prueba ninguna irregularidad, pero sí plantea la pregunta de qué autorización urbanística necesita un inmueble en una parcela residencial protegida.
Un repaso a los otros inmuebles
Por otro lado, el Palacete de Vistabella, comprado en 1987 como residencia oficial, se cedió en 2017 al Cabildo de Tenerife para una oficina de atención a víctimas de violencia de género. Los presupuestos de inversión del IASS de 2023 confirman que el proyecto sigue activo, aunque su gestión y balance actual no han trascendido públicamente.
Mientras, la residencia oficial de Santa Cruz de Tenerife, integrada en la quinta planta del edificio de Presidencia, tampoco tiene un coste propio conocido —al formar parte de la construcción íntegra de la sede, levantada entre 1993 y 2000.
En total, son cuatro las edificaciones que se encuentran dentro del patrimonio de la Presidencia del Gobierno de Canarias: dos residencias oficiales, en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife; el Palacete de Vistabella, cedido al Cabildo en 2017; y Casa Samsó, adquirida el pasado diciembre. De las cuatro, solo la compra de 1994 en Las Palmas tiene hoy un precio verificado y de origen público.
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