Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de España han puesto de manifiesto su “preocupación sobre la situación general de la justicia, con graves problemas de eficacia y de organización” en las conclusiones de las XVIII Jornadas de Presidencia del TSJ, celebradas en La Palma. El documento final de este encuentro señala que “el sistema actual de Justicia está totalmente superado y urge una profunda reforma del mismo” llegando a afirmar la necesidad de poder refundarlo.
Además, este documento alude a “reformas pendientes” como “la crisis institucional del CGPJ, con el colapso en los nombramientos judiciales y los proyectos legislativos de mejora organizativa, procesal y digital”, y ha responsabilizado de ello a “los responsables políticos que han dejado transcurrir períodos temporales significativos frustrando reformas necesarias por falta de consenso”.
Suspensión de juicios
Otra de las “grandes preocupaciones” indicadas en las conclusiones de los presidentes de los TSJ es “la situación de conflictividad actual, con importante suspensión de juicios y otro tipo de actuaciones procesales”, en referencia a la huelga indefinida desde hace más de un mes de los funcionarios de justicia.
Este documento incluye también la reclamación de “adecuar la planta judicial al volumen e incremento de litigiosidad existente en nuestro país como forma de superar la actual lentitud de la justicia”, así como “el incremento de la planta de jueces de adscripción territorial”. También se solicita “una planificación que establezca las líneas maestras, las prioridades y los compromisos de actuación de cada mandato del CGPJ”, por lo que los presidentes de los TSJ consideran “absolutamente necesario” que el próximo CGPJ inicie su mandato con un ejercicio de planificación que posibilite la rendición de cuentas ante la ciudadanía”.
Mediación intrajudicial
Los presidentes de los TSJ han puesto el foco también en otras necesidades del sistema judicial, en base a la puesta en común de experiencias durante los tres días que han durado las Jornadas, como el rechazo a “los recortes generalizados impuestos por el Ministerio de Justicia” o “la necesidad de implantación de servicios de mediación intrajudicial”.
El documento incluye una declaración institucional en la que los firmantes expresan su “solidaridad con la sociedad de La Palma” y confianza en que, “con la implicación de todos los poderes públicos, se superen a la mayor brevedad las consecuencias de la crisis volcánica”.