Canarias tendrá que adaptar sus planes de protección civil ante el riesgo volcánico a la nueva directriz estatal en un plazo de cuatro años. La norma, aprobada por el Consejo de Ministros el 6 de octubre y publicada en el BOE el sábado siguiente, reemplaza a la que estaba vigente desde 1996 y actualiza cómo deben prepararse las administraciones ante una emergencia volcánica.
La publicación ha vuelto a poner en circulación una cifra llamativa: el 77,69% de probabilidad de que se produzca al menos una erupción en Canarias en los próximos 50 años. El director del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Itahiza Domínguez, precisa que ese porcentaje no significa que el riesgo haya aumentado ni que exista una alerta. Es una estimación estadística basada en las erupciones históricas del archipiélago, y no sirve para saber cuándo tendrá lugar la próxima ni dónde.
Domínguez explica que el cálculo toma como referencia las erupciones de los últimos siglos que están documentadas en crónicas. Según señala, se contabilizan 14 episodios históricos. La directriz expresa el resultado con dos decimales, pero el responsable del IGN considera que esa precisión puede dar una impresión engañosa: le parece más adecuado hablar de un rango del 70% al 80%.
Una probabilidad para todo el archipiélago
El porcentaje corresponde a Canarias en conjunto, no a cada isla por separado. Al analizar cada territorio insular, la probabilidad es menor, recuerda Domínguez. La cifra tampoco implica que las erupciones se repitan a intervalos regulares: los 33 años de "tiempo de recurrencia" que aparecen en la directriz son una referencia estadística, no una cuenta atrás. En la historia volcánica canaria ha habido periodos largos sin erupciones y también episodios separados por pocos años.
La directriz establece un umbral del 5% de probabilidad en 50 años para delimitar las zonas expuestas a riesgo volcánico. Canarias es el único territorio del país que supera ese listón, con el 77,69%. El Campo Volcánico de La Garrotxa, en Cataluña, aparece con una probabilidad del 1,09% para el mismo periodo.
El dato ayuda a explicar por qué el archipiélago necesita una planificación específica, pero no es el principal cambio práctico de la norma: los planes deberán actualizarse para incorporar nuevos conocimientos sobre los peligros volcánicos y mejorar la respuesta de las administraciones. La directriz establece que todos los planes de protección civil deberán adaptarse a su estructura y contenido en cuatro años.
De Teneguía a Tajogaite
La regulación que ahora se sustituye se aprobó en 1996. En aquel momento, la última erupción en suelo español había sido la del Teneguía, en La Palma, en 1971. Desde entonces, Canarias vivió la erupción submarina de Tagoro, frente a El Hierro, entre 2011 y 2012, y los 85 días de actividad del Tajogaite, en La Palma, en 2021.
La experiencia acumulada durante esas décadas está detrás de varias novedades. Por primera vez, la planificación incorpora de forma expresa las erupciones submarinas y sus posibles efectos sobre el litoral, las infraestructuras costeras y la navegación. También amplía la atención a peligros que pueden pasar más inadvertidos que la lava, como los gases, los terremotos, la deformación del terreno y los desprendimientos.
El riesgo tampoco termina necesariamente cuando cesa la actividad eruptiva. Los gases pueden mantener áreas inhabitables y, entre los efectos indirectos que deben contemplar los planes, figuran los incendios, la contaminación de suelos y aguas, los daños a las cosechas y la posibilidad de lahares o tsunamis. La historia de Canarias recuerda que una emergencia volcánica puede causar daños más allá de las coladas: de acuerdo con el recuento recogido en el contexto de la nueva directriz, las erupciones históricas han dejado al menos 24 fallecidos, 16 de ellos por terremotos asociados a episodios de 1704 y 1705 en Tenerife.
Planificar por isla
La nueva planificación deberá concretarse en mapas de peligrosidad y riesgo, zonas de seguridad, sistemas de alerta temprana y procedimientos de evacuación coordinados entre las administraciones. También tendrá que tener en cuenta a la población que no reside de forma permanente en las islas: turistas y otros visitantes pueden elevar de manera notable el número de personas presentes en las zonas expuestas, sobre todo en temporada alta.
Los mapas deberán estar disponibles en formato digital y ser consultables, además de integrarse con la ordenación del territorio y los usos del suelo. El objetivo es que la información científica sobre los peligros pueda convertirse en decisiones claras para quienes gestionan una emergencia y para la población afectada.
Domínguez vincula esa preparación con los simulacros. El ejercicio previsto para el 22 de octubre en Tenerife, explica, se centra en un escenario previo a una erupción, y permitirá practicar cómo se traslada la información científica y la cartografía al Cabildo para que las autoridades puedan utilizarlas. Los simulacros, añade, sirven para ensayar protocolos, detectar errores y mejorar la coordinación; no significan que todo esté resuelto, sino que las administraciones pueden llegar mejor preparadas si alguna vez tienen que afrontar una emergencia real.
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